Los dos elementos de la Policía de Investigación fueron detenidos por su presunta participación en un robo a casa habitación ocurrido en la colonia Moctezuma, en la alcaldía Venustiano Carranza.
Dos agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la CDMX fueron detenidos por su presunta participación en un robo de una casa habitación registrado en la colonia Moctezuma, alcaldía Venustiano Carranza.
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De acuerdo con información difundida por el medio Siete Letras, dos agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX fueron detenidos por su presunta participación en un robo a casa habitación y trasladados al llamado "búnker" de la institución.
Según el reporte periodístico, las sospechas contra los elementos surgieron a raíz de un robo ocurrido durante junio en un domicilio de la colonia Moctezuma, donde presuntamente un grupo de 10 policías ingresó al inmueble y sustrajo dinero en efectivo y diversas joyas.
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El medio también señaló que, tras cometer el presunto robo, los agentes habrían sido captados colocando placas de patrullas en los vehículos Nissan Sentra en los que se trasladaban, una acción que, de acuerdo con el reporte, habría tenido como objetivo ocultar su identidad y dificultar su vinculación con los hechos denunciados.
Estas imágenes, junto con otros indicios recabados durante la investigación, habrían fortalecido las sospechas en contra de los elementos y motivado las indagatorias que derivaron en la detención de dos de los policías.
Sin embargo, serán las autoridades ministeriales las encargadas de determinar su situación jurídica y esclarecer su presunta responsabilidad en el caso.
Si las investigaciones confirman la participación de los agentes de la Policía de Investigación (PDI) en el presunto robo a casa habitación, podrían enfrentar tanto consecuencias penales como administrativas.
En el ámbito penal, el Código Penal para la CDMX establece que el robo cometido en un inmueble destinado a habitación puede castigarse con cuatro a 10 años de prisión.
Además, cuando el delito es cometido por un integrante de un cuerpo de seguridad pública, las penas pueden incrementarse de dos a seis años adicionales, al tratarse de una circunstancia agravante prevista por la ley.
A ello se sumarían las sanciones administrativas propias de su calidad de servidores públicos. En caso de que se acredite su responsabilidad, los agentes podrían ser destituidos de su cargo y enfrentar los procedimientos internos que correspondan conforme a la normativa de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.
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