Según el Código Penal Federal, quienes ilícitamente recolecten o comercialicen productos derivados de tortugas marinas, pueden enfrentar penas de varios años.
Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Bancaria e Industrial al interior del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, luego de ser sorprendido transportando 360 huevos de tortuga marina, una especie catalogada como protegida por la legislación mexicana.
Por lo mismo, la posesión de estos productos constituye un delito federal contra la vida silvestre.
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La intercepción se produjo en la estación Chabacano, después de que un usuario alertara a los agentes de seguridad sobre el contenido inusual que el sujeto llevaba consigo. Al realizarle una revisión preventiva, los oficiales de la PBI localizaron diversas bolsas repletas de los huevos.
El detenido, cuya identidad no ha sido revelada, fue inmediatamente puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR). Personal pericial de la dependencia federal se encargó de confirmar el número total de piezas aseguradas.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México emitió un comunicado en el que subraya su compromiso de continuar colaborando estrechamente con las autoridades federales para combatir los delitos ambientales y proteger la fauna silvestre del país.
El tráfico de especies marinas y sus derivados representa una grave amenaza para la biodiversidad de México. Siete de las ocho especies de tortugas marinas reconocidas a nivel global anidan en las costas mexicanas; sin embargo, el saqueo de huevos para su consumo o venta ilegal persiste, siendo un factor crucial en la reducción de las poblaciones y la categoría de peligro de extinción de todas las especies.
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La posesión y tráfico de huevos de tortuga se castiga severamente en México. De acuerdo con el Código Penal Federal, quienes ilícitamente recolecten, almacenen o comercialicen productos derivados de tortugas marinas, pueden enfrentar penas que van de uno a nueve años de prisión, además de cuantiosas multas económicas.
Este caso reitera la vigilancia constante de las autoridades para frenar el tráfico ilegal de vida silvestre, incluso fuera de las zonas costeras habituales de anidación.
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