Legionarios de Cristo enfrentan fallo por discriminación VIH a sacerdote; se requiere nueva resolución sobre indemnización.
El caso de José Guadalupe, sacerdote que denunció haber sido discriminado por los Legionarios de Cristo tras recibir un diagnóstico de VIH, tuvo un nuevo giro judicial. Un tribunal federal determinó que la congregación incurrió en actos discriminatorios y causó daño moral al religioso, pero ordenó modificar algunos aspectos de la resolución emitida anteriormente.
La decisión del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil establece que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México deberá dictar una nueva sentencia. En ella tendrá que conservar el reconocimiento de la discriminación, ajustar las consecuencias económicas y absolver a uno de los antiguos directivos señalados en el litigio.
Aunque el fallo representa un avance para el sacerdote, la controversia todavía no concluye. El monto definitivo de la reparación económica deberá establecerse en la nueva resolución, conforme a los criterios fijados por el tribunal federal.
El conflicto se registro durante el 2015, cuando José Guadalupe fue hospitalizado por complicaciones de salud y se le practicaron diversos estudios, incluida una prueba para detectar el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).
Según la demanda del religioso, el examen se realizó sin su consentimiento y sus superiores conocieron los resultados antes que él. Posteriormente, afirmó haber enfrentado restricciones en sus actividades sacerdotales y la pérdida de apoyos económicos y médicos.
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Entre las medidas que denunció se encuentran la cancelación de una ayuda mensual, la pérdida de su seguro de gastos médicos mayores y la suspensión de una beca para estudiar un posgrado. También señaló que se habría solicitado a la Arquidiócesis de México suspender sus licencias sacerdotales.
El sacerdote presentó una demanda civil en 2017 contra los Legionarios de Cristo y otras partes involucradas. Aunque inicialmente fue desestimada, el 27 de noviembre de 2024 la Séptima Sala Civil del tribunal capitalino revocó esa decisión y determinó que correspondía una compensación económica.
Tras las impugnaciones, el asunto llegó al tribunal colegiado, que ordenó emitir una nueva sentencia con modificaciones específicas. El reconocimiento de la discriminación y el daño moral deberá mantenerse, pero la condena económica tendrá que ajustarse y uno de los exdirectivos será absuelto.
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El Tribunal Superior de Justicia capitalino deberá emitir la resolución correspondiente. Hasta entonces, no existe un monto definitivo de indemnización derivado de esta nueva sentencia.
El caso también pone sobre la mesa la importancia de proteger la privacidad de los datos médicos y evitar que un diagnóstico de VIH se convierta en motivo de exclusión o trato discriminatorio.
La nueva resolución deberá precisar las consecuencias jurídicas del caso, distinguiendo entre las responsabilidades atribuidas a la congregación y las correspondientes a cada persona demandada.
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