El debate lingüístico de Teuchitlán

CIUDAD DE MÉXICO.- El caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, se ha visto envuelto en un debate lingüístico que plantea una pregunta principal: ¿fue o no fue un campo de exterminio? La respuesta ha sido un foco central del Gobierno federal.

Desde la conferencia de prensa del lunes 24 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum le pidió a reporteros afines a su partido que contaran lo que atestiguaron en el sitio. Todos los que hablaron minimizaron el tema. Enfatizaron que no encontraron grandes hornos crematorios, tampoco ropa, u otra clase de evidencia contundente.

En esa misma conferencia, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, también bajo petición de Sheinbaum, informó que “no hay un indicio que haya sido un campo de exterminio, sino un centro de adiestramiento”.

Hay cierta terquedad en enfatizarle a la prensa (libre, ¿o no?) que debe abstenerse de referirse al rancho Izaguirre como le parezca adecuado.

Pero la pregunta permanece: ¿es correcto referirnos así al hallazgo en Teuchitlán? Lo analizaré con la evidencia que tenemos al momento. Primero, es necesario entender el origen del término.

Surgió en la Segunda Guerra Mundial, por los campos de exterminio nazis, que tenían ciertos componentes específicos: fueron construidos para ejecutar “la solución final”; el Estado era el operador; y el exterminio era sistemático.

Evidentemente, el rancho Izaguirre no fue construido para aniquilar a un grupo étnico (como ocurrió en el holocausto donde los nazis buscaron aniquilar al pueblo judío), pero el centro en Jalisco sí fue diseñado para atentar contra un grupo preciso: personas en vulnerabilidad económica.

Harfuch confirmó que las víctimas eran principalmente jóvenes engañados con ofertas de trabajo falsas a través de redes sociales, principalmente TikTok. El lunes informó que 39 de estas cuentas ya habían sido desactivadas.

Otro elemento a analizar es el rol de las autoridades. Aunque no, definitivamente el Gobierno de México no estuvo detrás de Teuchitlán como los alemanes sí estuvieron detrás de Auschwitz, las autoridades mexicanas sí presentaron omisiones y aparente involucramiento. Ya hay policías municipales de Tala que han sido detenidos por presuntamente transportar a personas al rancho.

Además, tenemos las omisiones de la Fiscalía Estatal de Jalisco, y seguimos sin saber por qué el caso no fue atraído por la Fiscalía General de la República desde septiembre de 2024, cuando el sitio fue encontrado por el ejército y elementos de la Guardia Nacional.

Adicionalmente, se ha señalado la posible participación de la exalcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández. Una víctima denunció que fue secuestrado a través de un programa de trabajo que promovió la morenista. Se llamaba “Raíces Mexicanas Floreciendo en Estados Unidos”, y prometía a los participantes un permiso de trabajo legal.

La víctima asegura haber visto a decenas de personas secuestradas mediante este programa. Norma Otilia— la misma que apareció en un video desayunando con Celso Ortega, líder del cártel Los Ardillos— intentó defenderse.

Publicó un video en Facebook donde dijo que había intentado contactar a las personas inscritas, y que el 60% le respondió. ¿Y el otro 40%?

Por último, debemos hablar del componente “sistemático”. Harfuch informó el lunes 24, que las autoridades habían detenido a José Gregorio “N” alias “El Lastra”. Él era el líder del reclutamiento ejecutado en el rancho Izaguirre.

El secretario detalló que de acuerdo al testimonio del detenido, allí mataban a todo aquel que intentara escapar o que se opusiera al adiestramiento. Eso suena como un sistema para mí.

Aun así, el martes 25, Harfuch volvió a negar que se tratara de un centro de exterminio. Explicó que, según él, para considerarlo así, habrían tenido que asesinar a “cientos o miles de personas”.

A mi criterio sí hay suficiente evidencia para decir que exterminaron a gente ahí, aun cuando ese no fuera el objetivo principal. Y digo exterminar, no asesinar porque lo que quedó de las víctimas son restos óseos, no cuerpos (de acuerdo a la información confirmada por la FGR al momento).

Todavía falta ver qué arrojan las investigaciones. Aun así, me parece desconcertante que las limitaciones discursivas no terminen aquí.

Este jueves 27 de marzo, durante la conferencia mañanera, un reportero le preguntó a la presidenta qué opinaba sobre la denuncia de padres y madres de víctimas que sostenían que el hallazgo en Teuchitlán probaba que en México se cometían crímenes de lesa humanidad.

Sheinbaum respondió que “no sabía a qué se referían con crímenes de lesa humanidad”. Segundos después negó que eso exista en nuestro país y argumentó que esos crímenes son perpetrados directamente por el Estado. Tal definición es incorrecta.

La Corte Internacional de Derechos Humanos expone que pueden considerarse crímenes de lesa humanidad “todas aquellas violaciones gravísimas del derecho internacional que lesionan a la humanidad, aunque materialmente se hayan afectado únicamente los derechos de un grupo de personas”.

Por ejemplo, “trata de personas, narcotráfico y tortura”, todos crímenes que la evidencia actual indica, ocurrieron en el rancho Izaguirre. La Doctora en Derecho y Ciencias Sociales, María Cristina Rodríguez, explica que tales actos “generan una responsabilidad para el Estado que debió actuar en prevención y represión”, así no sean los victimarios directos.

A resumidas cuentas, ¿el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco fue o no fue un campo de exterminio? Creo que esta pregunta plantea un debate lingüístico que solo intenta distraernos de la tragedia, porque eso es el rancho Izaguirre, lo llamen como lo llamen.

Es una tragedia que visibilizó la crisis de desaparición que tenemos en México, donde hay más de 120 mil personas desaparecidas, y contando.