¿Qué cambia con la Ley de Cuidados en CDMX? Estos son los nuevos derechos y apoyos que contempla
La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, promulgó la Ley del Sistema Público de Cuidados, saldando una deuda histórica y blindando el derecho al autocuidado en la CDMX.
¿Qué cambia con la Ley de Cuidados en CDMX? Foto: Gobierno CDMX
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El histórico documento, publicado formalmente en una edición bis de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, inaugura la llamada "revolución de los cuidados" y establece las bases de un nuevo constitucionalismo feminista que sitúa a la capital del país como un referente de vanguardia tanto a nivel nacional como internacional.
¿Por qué la Ley de Cuidados representa un hito histórico para los derechos de las mujeres en CDMX?
Al respecto, Clara Brugada enfatizó que la Ciudad de México se convierte en la primera urbe del mundo en consagrar en su Constitución la meta de erradicar la división sexual del trabajo.
La ley fundamenta su legitimidad en un esquema integral de tres dimensiones esenciales: el derecho a cuidar, el derecho a recibir cuidados de calidad y el derecho al autocuidado.
El nuevo Sistema Público de Cuidados (SPC) asume los cuidados como una necesidad universal a lo largo de la vida y busca combatir directamente la "pobreza de tiempo" que golpea a la población femenina.
Para ello, traza una ruta estratégica orientada a "desfamiliarizar, desmercantilizar y redistribuir" estas tareas esenciales, transformándolas en una corresponsabilidad compartida de manera equitativa entre el Estado, las comunidades, las familias y el sector privado.
¿Cómo se logró el consenso político y ciudadano para la aprobación de la Ley de Cuidados en CDMX?
El nacimiento de esta legislación es el resultado de un ejemplar proceso democrático, plural y colectivo que logró unificar la visión de la sociedad civil y las diversas fuerzas políticas de la capital.
La norma fue aprobada por unanimidad en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, un logro que, según la mandataria capitalina, demuestra que la ampliación de libertades y derechos puede edificarse desde el consenso institucional por encima de las diferencias de partido.
El diseño del marco legal contó con la participación activa de más de 6 mil personas, incluyendo a activistas, especialistas, instituciones y movimientos sociales mediante una consulta abierta. Durante el evento formal celebrado en el auditorio de la Utopía Mixiuhca, en la alcaldía Iztacalco, representantes de los diversos Grupos Parlamentarios.
Asimismo, a nivel global, la Coordinadora Residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Allegra María del Pilar Baiocci, aplaudió que la CDMX traduzca tratados internacionales en realidades institucionales tangibles, enviando un potente mensaje inspirador a toda la región de América Latina y el Caribe.
Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, coincidió en que la gestión de Brugada sitúa a la capital en la cúspide de la justicia social con perspectiva de género.
¿Qué infraestructura y medidas concretas se implementarán para materializar este sistema?
Para que los derechos decretados no queden únicamente en el papel, el Gobierno de la Ciudad de México desplegará una ambiciosa estrategia de infraestructura y políticas públicas operativas supervisadas por la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social, bajo la dirección de Pablo Yanes Rizo, quien definió este sistema como el nuevo pilar del estado social de bienestar.
Los compromisos de infraestructura anunciados para la presente administración gubernamental contemplan la edificación y operación de:
100 nuevas Utopías en las demarcaciones de la capital.
200 Casas de las Tres R (Reconocer, Reducir y Redistribuir).
300 Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil, estableciendo formalmente el primer sistema obligatorio de educación inicial para las infancias de la ciudad.
200 Casas de Día para Personas Mayores.
200 espacios especializados para la atención de personas con discapacidad.
Este robusto equipamiento urbano tendrá la capacidad de atender de manera integral a más de 100 mil usuarios cada año.
De forma complementaria, la Jefa de Gobierno instruyó formalmente a la Secretaría de Bienestar para que elabore la primera contabilidad oficial del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en la capital, visibilizando por fin su valor social y económico indispensable para el funcionamiento de la sociedad.