¿Qué es el phishing y por qué CDMX decidió sancionarlo como delito digital?
Correos falsos, mensajes engañosos y robo de datos personales: el phishing ya será castigado en CDMX. Conoce qué es este delito digital y qué cambia con la nueva medida.
Phishing considerado delito en CDMX. Foto: IA | Canva
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Un mensaje que aparenta venir del banco, una liga sospechosa o una falsa alerta de seguridad pueden bastar para robar datos personales y vaciar cuentas bancarias.
¿Qué es el phishing y por qué CDMX decidió sancionarlo como delito digital?
El phishing es una modalidad de fraude digital basada en la suplantación de identidad. Los ciberdelincuentes se hacen pasar por empresas, bancos, plataformas digitales o instituciones públicas para convencer a las víctimas de entregar información confidencial.
La práctica suele operar mediante:
Correos electrónicos falsos.
Mensajes SMS, WhatsApp o redes sociales.
Sitios web clonados o enlaces fraudulentos.
Aplicaciones o interfaces que aparentan ser legítimas.
¿Qué es el phishing?. Foto: IA | Canva
El objetivo es obtener contraseñas, datos bancarios, números de tarjetas, códigos de autenticación o información personal que después puede usarse para cometer robo de identidad, vaciar cuentas o realizar otros fraudes.
La reforma establece sanciones para quien, mediante engaño digital, cree o use mensajes, páginas electrónicas, dominios, aplicaciones o cualquier interfaz tecnológica que simule ser legítima para inducir a una persona a revelar o proporcionar datos personales, financieros o de autenticación.
¿Cuáles serán las sanciones por incurrir en el delito de phishing en CDMX?
De acuerdo con el dictamen aprobado, la pena base contempla:
De 3 a 6 años de prisión.
Multas económicas.
Las sanciones pueden incrementarse cuando las víctimas sean personas adultas mayores, personas con discapacidad o menores de edad, por lo que algunos casos podrían alcanzar hasta nueve años de cárcel.
¿Por qué el Congreso de CDMX impulsó esta medida?
Durante la discusión legislativa, diputados argumentaron que la legislación local no abordaba de forma suficiente los fraudes electrónicos modernos, lo que dificultaba investigar y sancionar estas conductas.
La reforma se inscribe en un contexto más amplio: el crecimiento de los delitos cometidos mediante herramientas digitales y los intentos por actualizar las leyes frente a nuevas modalidades de ciberfraude, robo de identidad y delitos informáticos.
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