Ante el conflicto con la fundación, autoridades del Refugio Franciscano intentan recuperar perritos para que el Gobierno de CDMX no los dé en adopción.
El caso del Refugio Franciscano ha tomado un giro legal crítico tras la promoción de un juicio de amparo que busca frenar los planes del Gobierno de la CDMX, para dar en adopción a 936 animales. Estos perros y gatos fueron rescatados previamente tras detectarse condiciones de maltrato, crueldad y negligencia en sus instalaciones.
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En el escrito inicial de demanda, el Refugio Franciscano impugna formalmente la recuperación de los animales por parte de las autoridades y cualquier acción destinada a "planear y ejecutar el proceso de adopción".
Con esta medida, la organización busca recuperar la custodia de 396 perritos, a pesar de los señalamientos previos sobre su estado de salud y bienestar.
La demanda, ratificada el pasado 2 de marzo ante un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, señala como autoridades responsables a los pilares de la política ambiental y de protección animal en la capital:
La respuesta de los defensores de los derechos animales no se hizo esperar. Fernando García Juárez, representante legal de la Fundación Antonio Haghenbeck, calificó la estrategia legal del refugio como "lamentable y jurídicamente cuestionable".
El representante legal de la Fundación Haghenbeck califica afirma que este amparo del Refugio Franciscano no busca la protección de los seres sintientes, sino que funciona como un obstáculo para que perros y gatos víctimas de años de abandono y condiciones insalubres puedan encontrar un hogar digno.
Se pretende impedir que estos animales accedan a una segunda oportunidad de vida, manteniéndolos en un limbo jurídico que solo prolonga su historial de sufrimiento
Fernando García Juárez - Representante legal de la Fundación Haghenbeck
La Fundación Haghenbeck manifestó su rechazo total a la suspensión solicitada por el Refugio Franciscano. Asimismo, anunciaron que intervendrán conforme a derecho para asegurar que los juzgados federales apliquen el principio de interés superior del bienestar animal.
Este concepto jurídico, cada vez más relevante en la legislación mexicana, dicta que, por encima de los derechos de propiedad o posesión de las asociaciones, debe prevalecer el derecho de los animales a una vida libre de violencia y con cuidados adecuados.
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La postura del Gobierno de la CDMX se fundamenta en la protección prioritaria del bienestar animal y el cumplimiento de las normativas de sanidad, distanciándose del conflicto inmobiliario por el predio en Cuajimalpa para enfocarse estrictamente en la tutela de los 936 ejemplares rescatados.
A través de dependencias como la SEDEMA, la PAOT y la Brigada de Vigilancia Animal, las autoridades han sostenido que la intervención fue necesaria debido a las condiciones de maltrato, desnutrición y falta de atención médica especializada detectadas en el refugio, lo que faculta al Estado para actuar como garante de su integridad.
En respuesta a los recursos legales interpuestos, la administración capitalina ha manifestado que procederá conforme a derecho para asegurar que los animales no permanezcan en un limbo jurídico, promoviendo en su lugar procesos de adopción responsable y transparente que les permitan acceder a una vida digna en hogares adecuados, siempre bajo el principio del interés superior de los animales como seres sintientes.
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