Clara Brugada propone una ley de rentas justas en CDMX. Conoce el límite de aumentos, sus objetivos y qué falta para aprobarla.
El costo de rentar una vivienda en la Ciudad de México podría enfrentar nuevas reglas con la iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles, anunciada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.
La propuesta busca evitar incrementos excesivos en los alquileres, ampliar las opciones de vivienda asequible y establecer mecanismos de protección tanto para quienes rentan como para los propietarios.
Durante su segundo informe de gobierno ante el Congreso capitalino, Brugada presentó esta iniciativa como parte de su estrategia para atender la crisis de vivienda y combatir el desplazamiento de habitantes provocado por el encarecimiento inmobiliario.
Sin embargo, la propuesta todavía debe pasar por el proceso legislativo. Aunque existen disposiciones vigentes sobre los aumentos de renta, la nueva ley no puede considerarse aprobada ni aplicarse como si ya hubiera entrado en vigor.
Uno de los principales objetivos de la iniciativa es impedir que los aumentos de alquiler superen la inflación anual registrada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La medida está dirigida especialmente a las zonas consideradas de tensión inmobiliaria, donde la demanda de vivienda y el incremento de precios han dificultado que numerosas familias permanezcan en sus colonias.
Esto significa que, bajo el criterio anunciado, el porcentaje máximo de incremento estaría relacionado con la inflación y no con una cantidad fijada libremente por el propietario.
Por ejemplo, si la inflación anual de referencia fuera de 4%, un alquiler mensual de 10 mil pesos tendría un incremento máximo de 400 pesos bajo ese supuesto. Se trata únicamente de un ejemplo matemático, no de la inflación oficial aplicable a un contrato específico.
Es importante señalar que la limitación de aumentos conforme a la inflación ya cuenta con antecedentes en el Código Civil capitalino.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló en febrero de 2026 la disposición que impide incrementos superiores a la inflación del año anterior. La nueva iniciativa pretende desarrollar un marco más amplio para las relaciones entre propietarios e inquilinos.
La iniciativa de Brugada pretende dar mayor protección jurídica a este límite y establecer mecanismos para atender los conflictos relacionados con el alquiler.
POSTA ya había informado sobre los cuatro ejes de la reforma de rentas justas en CDMX, presentada originalmente en abril de 2026.
La propuesta no se limita al precio de las rentas. También contempla la creación de una institución especializada en las relaciones entre arrendadores y arrendatarios.
Este organismo buscaría orientar a las partes, proteger sus derechos y facilitar la atención de controversias relacionadas con contratos, incrementos de alquiler y posibles desalojos irregulares.
El proyecto también contempla ampliar la oferta de vivienda asequible mediante políticas públicas, especialmente para jóvenes y personas que enfrentan dificultades para pagar una renta.
Entre las estrategias que ya ha impulsado el Gobierno capitalino se encuentra el programa de vivienda pública en renta para combatir la gentrificación.
No obstante, los procedimientos concretos, las atribuciones de la futura institución y los mecanismos de cumplimiento dependerán del texto que finalmente apruebe el Congreso.
El encarecimiento de la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas para quienes viven en zonas céntricas de la capital.
Según los datos expuestos por el Gobierno de la Ciudad de México, entre 2019 y 2023 los alquileres aumentaron más de 30% en determinadas zonas, lo que ha dificultado la permanencia de familias con ingresos medios y bajos.
La presión inmobiliaria también se relaciona con el crecimiento de los alquileres temporales, la demanda de vivienda en colonias de alta actividad económica y la falta de opciones accesibles.
Un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, retomado por POSTA, documentó cómo la gentrificación y el Mundial 2026 presionaron los precios de renta en distintas zonas de CDMX.
La iniciativa busca atender estos problemas mediante límites a los incrementos, mecanismos de defensa de los inquilinos y una mayor participación gubernamental en la oferta de vivienda.
Por ahora no existe una fecha confirmada para la entrada en vigor de la nueva legislación.
Clara Brugada retomó el proyecto durante su segundo informe de gobierno, presentado el 14 de octubre de 2026, como parte de un paquete de cuatro iniciativas legislativas.
El Congreso capitalino deberá analizar las propuestas en comisiones, discutirlas y, en su caso, aprobarlas. También podrían introducirse modificaciones antes de su publicación oficial.
POSTA dio seguimiento al anuncio de las cuatro iniciativas de ley presentadas por Clara Brugada ante el Congreso de CDMX.
Mientras ese procedimiento continúa, propietarios e inquilinos deben distinguir entre las disposiciones del Código Civil que ya están vigentes y los nuevos mecanismos que todavía se encuentran en discusión.
La futura ley podría modificar la manera en que se regulan los alquileres en la capital, pero su alcance definitivo dependerá de las decisiones del Congreso de la Ciudad de México.
