En la Ciudad de México las medidas tomadas ante un dueño que algún perro que ataque a otra persona puede ir desde multas hasta años de cárcel.
En México, la omisión de cuidados hacia las mascotas y los ataques de perros a terceros han dejado de considerarse simples accidentes domésticos para convertirse en un problema de salud pública y responsabilidad jurídica civil y penal.
En la Ciudad de México, de acuerdo con la gravedad de las heridas causadas y las circunstancias de un ataque de perro, las multas pueden superar miles de pesos, incluso hasta penas privativas de la libertad.
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La falta de uso de correa en la vía pública, la ausencia de bozal en razas catalogadas de manejo especial o la falta de aseguramiento dentro del domicilio constituyen actos de omisión de cuidados.
Cuando un perro escapa o ataca sin provocación en un espacio público, la autoridad administrativa sanciona al propietario mediante las Leyes de Cultura Ciudadana o de Protección Animal locales.
Dependiendo del estado o municipio, las multas por no resguardar adecuadamente a un animal van desde las 10 hasta las 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA), además de la posibilidad de arresto administrativo por hasta 36 horas o la realización de trabajo comunitario.
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A la par de las infracciones administrativas, un ataque canino activa la vía pública mediante la obligación de reparar el daño de forma integral. Esto sucederá si el ejemplar ataca después de haber escapado de su dueño.
La reparación del daño contempla el pago total de los gastos médicos, intervenciones quirúrgicas, medicamentos, rehabilitación física y apoyo psicológico que requiera la víctima.
Si la agresión causa incapacidad temporal o permanente que impida a la persona trabajar, el juez puede fijar indemnizaciones económicas equivalentes a los ingresos no percibidos, lo que puede representar montos de miles a cientos de miles de pesos.
Cuando el ataque resulta en heridas de consideración, mutilaciones, marcas permanentes en el rostro o la muerte de la víctima, el caso escala al ámbito penal.
Las fiscalías abren carpetas de investigación por el delito de lesiones culposas o homicidio culposo, bajo la premisa de que el dueño actuó con negligencia al no prever o evitar el riesgo.
Dependiendo del Código Penal de cada entidad federativa, si las lesiones tardan más de 15 días en sanar o ponen en riesgo la vida, las penas de prisión pueden ir desde los 6 meses hasta los 5 años de cárcel.
En casos donde la agresión cause la muerte de una persona, las sentencias por homicidio culposo por omisión pueden alcanzar hasta 8 o 10 años de prisión, consolidando la gravedad de no mantener un control estricto sobre las mascotas.
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