Industria de Coahuila enfrenta desafío creciente por adiciones entre trabajadores, Canacintra alerta por impacto en la Región Sureste.
La industria de la Región Sureste de Coahuila enfrenta un reto cada vez más visible relacionado con el consumo de sustancias entre parte de la fuerza laboral.
Una situación que comienza a generar preocupación tanto en empresas como en organismos empresariales debido a sus efectos en la productividad, la seguridad y la estabilidad operativa de las plantas manufactureras.
En municipios como Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga, donde se concentra buena parte de la actividad industrial del estado, representantes del sector han reconocido que este fenómeno existe y requiere estrategias más amplias que vayan más allá de las sanciones tradicionales.
El contexto cobra especial relevancia en un momento en el que la demanda de mano de obra especializada continúa creciendo impulsada por la expansión industrial y la llegada de nuevas inversiones asociadas al nearshoring.
Especialistas señalan que el problema no solo afecta a las empresas, sino también a las familias, a los sistemas de salud y a los propios trabajadores que enfrentan dificultades para acceder a tratamientos efectivos y procesos de rehabilitación adecuados.
Uno de los principales desafíos para las compañías es el efecto que ciertas sustancias pueden generar en el desempeño laboral y en la seguridad de las operaciones. Expertos en salud ocupacional advierten que algunas drogas sintéticas, particularmente la metanfetamina conocida como cristal, han ganado presencia debido a su bajo costo y fácil acceso.
A diferencia de otras sustancias, el cristal puede provocar alteraciones de conducta, episodios de agresividad, pérdida de concentración y una disminución significativa de la percepción del riesgo. Estas condiciones representan un peligro considerable en entornos industriales donde se opera maquinaria automatizada, equipos pesados o procesos que requieren altos niveles de precisión.
Además de incrementar la posibilidad de accidentes laborales, el consumo de sustancias puede traducirse en ausentismo, disminución del rendimiento, errores operativos y una mayor rotación de personal, factores que impactan directamente la competitividad de las empresas.
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Durante años, la respuesta más común ante un resultado positivo en pruebas antidoping consistía en la terminación inmediata de la relación laboral. Sin embargo, las condiciones actuales del mercado han obligado a muchas compañías a replantear esta estrategia.
La escasez de personal técnico y especializado, así como la necesidad de mantener procesos productivos estables, han llevado a algunas organizaciones a explorar esquemas de acompañamiento, rehabilitación y reinserción laboral para trabajadores considerados valiosos para la operación.
Bajo este nuevo enfoque, algunas empresas buscan ofrecer apoyo psicológico, seguimiento profesional y alternativas de tratamiento antes de optar por la separación definitiva del empleado. El objetivo es conservar talento capacitado, reducir costos de contratación y capacitación, y al mismo tiempo contribuir a la recuperación de los trabajadores afectados.
Diversos especialistas coinciden en que el consumo de sustancias no puede analizarse únicamente desde una perspectiva disciplinaria. Factores como el estrés laboral, las jornadas exigentes, la presión por cumplir metas de producción y los problemas personales también pueden influir en el desarrollo de conductas de riesgo.
La implementación de la norma NOM-035 ha impulsado a muchas empresas a prestar mayor atención a los factores psicosociales dentro de los centros de trabajo. Como resultado, algunas organizaciones han fortalecido programas de bienestar emocional y establecido alianzas con instituciones dedicadas a la atención de adicciones.
No obstante, persisten importantes desafíos. La limitada capacidad de los servicios especializados y la proliferación de centros de rehabilitación sin regulación suficiente dificultan la recuperación efectiva de muchos trabajadores.
Ante este panorama, líderes empresariales, sindicatos y especialistas consideran que el combate a las adicciones en el entorno laboral debe abordarse como una responsabilidad compartida.
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