Aseguran en Saltillo tráiler con 62 mil litros de diésel; FGR ya investiga procedencia del combustible.
Un operativo de revisión realizado en uno de los principales puntos de cobro de Saltillo derivó en el aseguramiento de un tractocamión que transportaba aproximadamente 62 mil litros de diésel, además de la detención del operador, debido a inconsistencias detectadas en los documentos presentados para acreditar el origen legal del hidrocarburo.
La unidad fue interceptada por elementos de la Guardia Nacional en la caseta de cobro Plan de Ayala, donde se llevó a cabo una inspección al vehículo y a la documentación relacionada con la carga.
Tras detectar irregularidades, tanto el tractocamión como los dos semirremolques fueron asegurados y posteriormente trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Saltillo, autoridad que quedó a cargo de las investigaciones.
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El aseguramiento ocurrió durante una revisión efectuada por elementos de la Guardia Nacional en la caseta Plan de Ayala.
El vehículo pertenece a la empresa JRM Transportación de Hidrocarburos y se encontraba equipado con un sistema de doble semirremolque, utilizado para transportar grandes cantidades de combustible.
Durante la inspección, los agentes revisaron la documentación proporcionada por el operador para comprobar que el traslado del hidrocarburo se realizaba conforme a las disposiciones legales.
El vehículo pertenece a la empresa JRM Transportación de Hidrocarburos y se encontraba equipado con un sistema de doble semirremolque / Foto: RCG
Fue en ese proceso cuando se detectaron inconsistencias en los documentos relacionados con la procedencia del combustible. Ante esta situación, las autoridades determinaron asegurar la unidad y ponerla a disposición de la autoridad federal correspondiente.
La revisión forma parte de las acciones de vigilancia que realizan las corporaciones federales sobre el traslado de hidrocarburos por las carreteras del país, particularmente debido a los controles establecidos para acreditar el origen y destino legal de este tipo de productos.
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La unidad transportaba dos tanques instalados en los semirremolques, cada uno con una capacidad aproximada de 35 mil litros.
Aunque la capacidad conjunta de los depósitos ronda los 70 mil litros, durante la intervención se contabilizó una carga aproximada de 62 mil litros de diésel.
Se trata de un volumen considerable de combustible, por lo que el aseguramiento también requirió el traslado de la unidad a instalaciones de la Fiscalía General de la República para continuar con el procedimiento correspondiente.
Las autoridades deberán determinar, entre otros aspectos, cuál era el origen del hidrocarburo, hacia dónde se dirigía y si la documentación presentada correspondía efectivamente con la carga transportada.
La información disponible hasta el momento no establece que el combustible haya sido declarado oficialmente como robado. El punto central de la investigación es precisamente determinar si su procedencia y traslado cumplen con las disposiciones legales.
El conductor, identificado como Juan N, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República junto con el tractocamión y los dos semirremolques.
La autoridad federal será la encargada de revisar la documentación, realizar las diligencias necesarias y establecer si existen responsabilidades derivadas de las irregularidades encontradas durante la inspección.
El procedimiento permitirá conocer si las inconsistencias corresponden a una falta administrativa o si pudieran estar relacionadas con alguna conducta que constituya un delito.
Mientras se desarrolla la investigación, la unidad permanecerá bajo resguardo de las autoridades federales, al igual que el combustible asegurado.
El caso también pone nuevamente bajo atención la vigilancia sobre el transporte de hidrocarburos en las carreteras de Coahuila, debido al volumen de combustible que circula diariamente por la entidad y a la necesidad de comprobar su origen legal.
La intervención en la caseta Plan de Ayala permitió detectar las inconsistencias antes de que el vehículo continuara su recorrido. Ahora corresponderá a la FGR determinar la situación jurídica del operador y establecer si la documentación puede acreditar de manera suficiente la procedencia legal de los 62 mil litros de diésel.
