Antonio Attolini sostuvo que se debe abrir una revisión profunda sobre las medidas preventivas en los centros educativos.
Una mañana trágica sacudió a la comunidad escolar de la Laguna tras registrarse un ataque en las instalaciones de la Escuela Secundaria General Número 13, situada sobre la calle Esperanza en el ejido La Unión, dentro del municipio de Torreón, Coahuila.
El suceso movilizó a corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, al Mando Especial de La Laguna del Ejército Mexicano, a la Agencia de Investigación Criminal y a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.
De acuerdo con los informes oficiales, los hechos iniciaron cerca de las 8:30 horas durante el cambio de clase, cuando dos hombres irrumpieron en el centro educativo y realizaron agresiones apoyados por armas blancas y detonaciones que preliminarmente correspondían a petardos. La invasión derivó en un saldo mortal con el fallecimiento de la subdirectora del plantel, Nery Edith Nervales González, de 56 años, además de dejar a seis personas lesionadas, entre ellas estudiantes.
La reacción de los habitantes del sector permitió que vecinos detuvieran a los dos presuntos responsables, identificados como dos hermanos de 18 años exalumnos del colegio conocidos como “Los Cuates”, y los entregaran a las autoridades.
El ataque cobró la vida de la subdirectora Nery Edith Nervales González, quien se encontraba en las áreas administrativas al momento de la irrupción. Entre los heridos se confirmó la atención médica de emergencia a varios ciudadanos y alumnos:
El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, precisó que se investiga el móvil de la agresión, atribuyendo preliminarmente la acción a disputas o "sentimientos" en contra de la institución por parte de los exalumnos. El funcionario descartó por el momento el uso de armas de fuego dentro del colegio y subrayó que se determinará la causa exacta del fallecimiento y el tipo de proyectil o explosivo utilizado.
Por su parte, el diputado Antonio Attolini Murra, secretario de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado de Coahuila, refrendó su solidaridad con las familias y la comunidad educativa.
"Lo primero en este momento son las personas. Mi solidaridad está con la familia de quien lamentablemente perdió la vida, con quienes resultaron lesionados y con toda una comunidad educativa que hoy enfrenta una situación profundamente dolorosa", expresó el legislador, al tiempo que respaldó el llamado a la calma del fiscal para evitar especulaciones durante el desarrollo de las investigaciones.
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Ante el impacto social provocado por la agresión, el legislador Antonio Attolini sostuvo que la respuesta institucional no debe finalizar con la indagatoria penal, sino abrir una revisión profunda sobre las medidas preventivas en los centros educativos de la entidad.
Desde el Congreso Estatal se planteó la apertura de un canal de trabajo en coordinación con la Fiscalía General, la Secretaría de Educación y especialistas para evaluar el fortalecimiento de protocolos, capacidades de atención psicológica, capacitación y presupuesto en seguridad escolar.
"Se trata de aprender de lo ocurrido y preguntarnos qué hace falta hacer mejor... para fortalecer la prevención y reducir al máximo las condiciones que puedan permitir que una tragedia como ésta vuelva a ocurrir", enfatizó.
