Las investigaciones señalan que Fernando Nicolás “N” estaría relacionado con un presunto esquema mediante el cual un mismo terreno podía ser comercializado en varias ocasiones en Torreón.
Fernando Nicolás “N”, extitular de la Notaría Pública número 45 de Torreón, fue detenido en Madrid, España, después de permanecer fuera de México mientras era buscado por su presunta participación en un esquema de fraude inmobiliario que habría afectado a decenas de familias.
El exnotario contaba con una ficha roja de Interpol y está relacionado con una investigación que acumula más de 60 denuncias y carpetas.
Foto: Redes Sociales
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Las investigaciones señalan que Fernando Nicolás “N” estaría relacionado con un presunto esquema mediante el cual un mismo terreno podía ser comercializado en varias ocasiones, incluso hasta seis veces.
Los compradores realizaban trámites que aparentemente cumplían con las formalidades correspondientes ante la notaría. Sin embargo, posteriormente algunos descubrían que el inmueble ya había sido vendido a otra persona, presentaba irregularidades o simplemente no podía ser entregado.
La intervención de una notaría habría sido un elemento clave para generar confianza entre quienes buscaban adquirir una propiedad.
Hasta ahora se habla de alrededor de 40 familias afectadas, aunque las autoridades mantienen las investigaciones abiertas y el número podría modificarse conforme avancen las diligencias.
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Después de que las denuncias comenzaron a acumularse, Fernando Nicolás “N” salió de México y las autoridades solicitaron colaboración internacional para localizarlo.
La búsqueda derivó en la emisión de una ficha roja de Interpol y finalmente en su captura en Madrid durante la noche del viernes, en horario de México.
De acuerdo con la información disponible, durante la mañana del sábado habría sido ingresado a la prisión de Soto del Real, en la Comunidad de Madrid, mientras se define su situación y el procedimiento para su eventual regreso a México.
Las indagatorias no se concentran únicamente en el exnotario. Autoridades de Coahuila también han revisado la posible intervención de particulares y servidores públicos en las operaciones investigadas.
