Capufe bloquea accesos ilegales en la autopista Saltillo–Torreón, ejidatarios denuncian afectaciones.
Con la intención de frenar el ingreso irregular y la evasión del pago de peaje, Caminos y Puentes Federales (Capufe) ejecutó acciones de cierre en varios puntos de acceso no autorizados a lo largo de la autopista Saltillo – Torreón, provocando inconformidad entre los campesinos de la región.
En distintos tramos del corredor carretero, principalmente en zonas ejidales de Parras y General Cepeda, se abrieron zanjas de hasta dos metros de profundidad a los costados de los puentes vehiculares, con el fin de impedir el paso de vehículos que anteriormente utilizaban esos accesos improvisados para ingresar sin pagar el peaje.
La medida responde a un aumento en los ingresos no autorizados detectados por las autoridades federales, que identificaron rutas alternas creadas por habitantes locales para conectar sus comunidades directamente con la autopista, evadiendo las casetas.
Fuentes cercanas al organismo señalaron que el cierre busca garantizar la seguridad vial y el cumplimiento de la normativa federal, ya que algunos de estos accesos representaban riesgos de accidentes por su cercanía con curvas o tramos de alta velocidad.
Sin embargo, campesinos y transportistas argumentan que las acciones fueron impuestas sin previo aviso ni alternativas seguras, obligándolos ahora a recorrer varios kilómetros adicionales por caminos rurales deteriorados para llegar a la carretera libre.
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Las zanjas excavadas por Capufe, de alrededor de dos metros de profundidad y varios metros de ancho, han generado preocupación entre los habitantes locales.
Durante las noches, la falta de señalización y alumbrado aumenta el riesgo de accidentes, especialmente para motociclistas y peatones que transitan cerca de los bordes.
Algunos ejidatarios han solicitado que se instalen barreras reflectantes o señalamientos preventivos, mientras buscan dialogar con las autoridades para habilitar accesos seguros y regulados.
Asimismo, los campesinos señalan que los cierres impactan su movilidad diaria y traslado de productos agrícolas, pues deben desviarse hacia los puentes vehiculares más cercanos, incrementando sus tiempos de traslado y el desgaste de sus vehículos.
El conflicto entre los ejidos y la administración de la autopista Saltillo – Torreón no es nuevo. Desde su apertura en 1996, se han registrado disputas por derechos de paso, uso de tierras y compensaciones económicas.
Uno de los casos más recordados fue el del ejido La Cecilia, en el municipio de Parras, donde un grupo de campesinos mantuvo cerrado un acceso durante más de una semana hasta recibir el pago correspondiente por parte de Ingenieros Civiles Asociados (ICA), empresa constructora del tramo.
A lo largo de los años, los campesinos han denunciado falta de acuerdos formales y omisión en los pagos por afectaciones a sus terrenos.
Mientras que las autoridades federales han sostenido que el tránsito debe regirse por los puntos autorizados y que los accesos improvisados ponen en riesgo tanto a los usuarios como a los propios habitantes.
Aunque Capufe no ha emitido un comunicado oficial sobre los cierres recientes, fuentes municipales confirmaron que se busca un acuerdo intermedio que permita regular el paso de vehículos agrícolas sin comprometer la seguridad vial.
Por su parte, los ejidatarios han pedido la intervención de autoridades estatales para revisar los impactos y establecer rutas alternas más seguras y cortas que no obstaculicen sus labores diarias.
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