Autoridades de Coahuila confirmaron que el sitio intentó registrarse como UMA, sin embargo, no cumplió con los requisitos exigidos por la normatividad federal.
El caso del zoológico conocido como “El Ranchito Safari”, ubicado en el municipio de Arteaga, pasó oficialmente a manos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), luego de que autoridades estatales confirmaran diversas irregularidades en su operación.
De acuerdo con la titular de la Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila (SMA), Susana Estens de la Garza, para medios locales, el establecimiento no cuenta con los permisos necesarios para operar como zoológico o como Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), lo que lo coloca fuera del marco legal vigente.
Foto: Redes Sociales
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Las autoridades estatales confirmaron que el sitio intentó registrarse como UMA, sin embargo, no cumplió con los requisitos exigidos por la normatividad federal. Esta situación derivó en la negativa del registro y en la intervención de instancias federales.
Además, se detectó que el lugar alberga fauna silvestre y exótica, como leones, tigres y lobos, sin contar con autorizaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), lo que agrava su situación legal.
Debido a que se trata de un tema relacionado con la vida silvestre y su regulación, corresponde a la autoridad federal, en este caso la Profepa, determinar las sanciones aplicables. Entre las posibles medidas se encuentran la clausura del lugar, el aseguramiento de los animales y la reubicación de las especies bajo resguardo especializado.
La dependencia también evaluará las condiciones en las que se encuentran los animales para definir las acciones más adecuadas conforme a la ley ambiental.
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La SMA informó que, en caso de ser necesario, brindará apoyo técnico a la Profepa a través de un comité especializado en fauna silvestre. Este grupo trabaja en coordinación con instituciones como el Museo del Desierto, con el objetivo de garantizar el bienestar de las especies.
El destino de los animales dependerá de la evaluación que realicen las autoridades federales, quienes deberán determinar si permanecen en el sitio bajo nuevas condiciones o si son trasladados a espacios adecuados.
Foto: Redes Sociales
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A pesar de que el Gobierno Municipal de Arteaga tenía conocimiento previo sobre la situación irregular del predio, el lugar continuó operando e incluso promocionándose en redes sociales.
La alcaldesa Ana Karen Sánchez reconoció que existía información sobre un cambio de propietario, pero no se realizaron las verificaciones correspondientes en tiempo. Fue hasta que surgieron denuncias públicas sobre las condiciones de los animales que se iniciaron inspecciones más formales.
Actualmente, el municipio busca establecer contacto con los responsables del lugar para que presenten la documentación necesaria que acredite su operación legal.
