Como resultado del choque, al menos nueve personas resultaron lesionadas, entre ellas pasajeros y el propio conductor.
El Fiscal General de Coahuila, Federico Fernández, confirmó que avanza el proceso legal en contra del chófer de la ruta 7A de transporte urbano involucrado en el choque con un tren ocurrido en Saltillo, el cual dejó al menos nueve personas lesionadas.
El funcionario explicó que tras la audiencia celebrada el jueves, el imputado concluyó con la medida cautelar de firma periódica, y que hasta el momento existen cinco denuncias formales presentadas ante la Fiscalía.
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Fernández precisó que hay una carpeta de investigación abierta y en etapa de judicialización por el evento, y que conforme se presenten más denuncias por parte de las víctimas, concesionarios o aseguradoras, estas serán integradas al proceso. Indicó que es previsible que el número de denuncias aumente en los próximos días.
El accidente ocurrió la mañana del 30 de diciembre, alrededor de las 8:30 horas, en el cruce ferroviario ubicado en las calles Lerdo de Tejada y Fernando Proal, en la colonia Panteones de Saltillo.
De acuerdo con reportes de autoridades el conductor de la unidad de la ruta 7A intentó ganarle el paso al tren, lo que provocó que la locomotora impactara de lleno el costado del camión de transporte público.
Testimonios de pasajeros señalan que el chofer avanzó pese a que el tren ya se aproximaba y a que algunos usuarios le pidieron detenerse, situación que derivó en el fuerte impacto y en la movilización de cuerpos de emergencia.
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Como resultado del choque, al menos nueve personas resultaron lesionadas, entre ellas pasajeros del transporte urbano y el propio conductor. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja y personal de salud acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria y trasladar a los heridos a la Clínica 2 del IMSS.
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Aunque ninguna de las personas presentó lesiones que pusieran en riesgo su vida, varios afectados sufrieron golpes, contusiones y lesiones que ameritaron atención médica y seguimiento, lo que dio origen a las denuncias interpuestas ante la Fiscalía General del Estado.
Además del procedimiento penal, el Fiscal General explicó que existe un proceso administrativo paralelo que involucra al concesionario de la ruta 7A. En este procedimiento se analizan posibles sanciones administrativas, así como la participación de las aseguradoras y la reparación de los daños a las víctimas.
