Coahuila busca blindar el patrimonio inmobiliario con nueva ley y regulación para desarrolladores a través de la Sevot.
Con el propósito de fortalecer la seguridad jurídica de quienes compran, venden o invierten en bienes raíces, el Gobierno de Coahuila impulsa una reforma integral en materia inmobiliaria que busca modernizar una legislación que permanece prácticamente sin cambios desde finales de la década de 1970.
La iniciativa, promovida por la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Sevot), pretende establecer nuevas reglas para el desarrollo urbano, la comercialización de inmuebles y la operación de agentes inmobiliarios.
La propuesta surge en un contexto donde diversos estados del país han enfrentado problemas derivados de desarrollos habitacionales comercializados sin contar con permisos, servicios básicos garantizados o viabilidad técnica.
Ante este escenario, las autoridades coahuilenses buscan anticiparse a situaciones similares mediante la implementación de mecanismos que brinden mayor certeza a los ciudadanos y protejan su patrimonio.
Entre los principales cambios destacan nuevas obligaciones para desarrolladores, la creación de una licencia estatal para asesores inmobiliarios y la incorporación de figuras jurídicas adaptadas a los modelos modernos de urbanización.
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Uno de los puntos centrales de la reforma consiste en impedir que se comercialicen desarrollos habitacionales que aún no cuentan con las autorizaciones necesarias para su construcción. De acuerdo con la propuesta, los desarrolladores deberán acreditar permisos vigentes antes de poder realizar operaciones de preventa o promoción formal de inmuebles.
La medida busca evitar que ciudadanos inviertan en proyectos que únicamente existen en planos o presentaciones comerciales, sin que exista certeza sobre su viabilidad técnica o legal.
Este tipo de esquemas ha provocado conflictos en otras entidades del país, donde compradores han entregado recursos para proyectos que posteriormente enfrentaron retrasos, cancelaciones o problemas relacionados con servicios básicos como agua potable, drenaje o infraestructura urbana.
Con estos nuevos requisitos, las autoridades pretenden garantizar que las construcciones cuenten con condiciones reales para desarrollarse antes de recibir recursos de potenciales compradores, reduciendo riesgos financieros y legales para las familias.
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Otro de los cambios más relevantes contempla la creación de una Licencia Estatal de Agente Inmobiliario, instrumento que permitirá profesionalizar a quienes participan en la intermediación de operaciones de compra, venta y renta de propiedades.
La intención es que exista un padrón confiable de profesionales capacitados y registrados, lo que facilitará a los ciudadanos identificar asesores con respaldo institucional y conocimiento especializado. Este mecanismo se desarrollará en coordinación con organismos empresariales, autoridades económicas y representantes del sector notarial.
Las autoridades consideran que esta regulación ayudará a disminuir prácticas irregulares derivadas de personas que ofrecen servicios inmobiliarios sin capacitación ni supervisión, generando mayor confianza en las operaciones comerciales relacionadas con vivienda, terrenos y desarrollos urbanos.
La iniciativa también contempla la incorporación de figuras jurídicas que actualmente carecen de regulación específica en Coahuila, entre ellas los llamados condominios maestros y los proyectos de uso mixto.
Estos desarrollos combinan espacios habitacionales, comerciales, recreativos y de servicios dentro de un mismo complejo, modelos que han ganado popularidad en distintas regiones del país debido a sus ventajas en materia de movilidad, planeación urbana y administración de espacios comunes.
Según la Sevot, establecer reglas claras para este tipo de proyectos permitirá ofrecer mayor certeza tanto a inversionistas como a propietarios, además de contribuir a la conservación de áreas compartidas y al mantenimiento del valor de las propiedades a largo plazo.
La dependencia estatal informó que actualmente continúan las mesas de análisis con organismos inmobiliarios, autoridades económicas y especialistas del sector. Una vez concluida esta etapa técnica, el proyecto regresará a la Consejería Jurídica para continuar con el procedimiento legislativo correspondiente.
La expectativa es que esta reforma convierta a Coahuila en una entidad con mayores garantías para compradores e inversionistas, fortaleciendo la confianza en el mercado inmobiliario y promoviendo un crecimiento urbano más ordenado y sostenible.
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