Congreso del Estado busca mayor certeza jurídica para familias, previendo fraudes inmobiliarios en Coahuila.
Con el objetivo de proteger el patrimonio de las familias coahuilenses, el Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo para exhortar a los ayuntamientos a reforzar las estrategias de orientación, verificación y atención ciudadana en materia de compraventa de terrenos y viviendas, especialmente en casos relacionados con la regularización de predios.
La propuesta fue impulsada por el diputado Álvaro Moreira Valdés, quien planteó la necesidad de que los municipios trabajen de manera coordinada con autoridades estatales para prevenir fraudes inmobiliarios y brindar mayor certeza jurídica a quienes buscan adquirir una propiedad.
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El crecimiento económico, la oferta laboral y los niveles de seguridad han convertido a Coahuila en un punto atractivo para nuevos residentes, lo que ha incrementado la demanda de terrenos y viviendas.
Este escenario ha abierto la puerta a ofertas aparentemente accesibles, muchas de ellas difundidas a través de redes sociales, donde se prometen precios bajos y facilidades de pago sin que exista claridad sobre la situación legal de los inmuebles.
En varios casos, las personas afectadas han realizado pagos por propiedades que no cuentan con documentación válida o cuyos vendedores no son los legítimos propietarios, lo que deriva en pérdidas económicas y conflictos legales.
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Entre las modalidades más recurrentes se encuentra el uso de documentos apócrifos y la suplantación de propietarios, donde los oferentes aseguran tener posesión legal de inmuebles que no les pertenecen.
Esta problemática ha motivado alertas recientes por parte de autoridades municipales en Saltillo, así como en municipios como Arteaga, Acuña y Piedras Negras, donde se ha advertido sobre posibles operaciones de venta ilegal en diversas colonias.
Estas situaciones han evidenciado la urgencia de fortalecer los mecanismos institucionales de prevención y verificación, antes de que las transacciones se concreten.
Además de frenar nuevas irregularidades, las autoridades reconocen que existen familias que habitan predios con algún grado de irregularidad jurídica, pese a haber actuado de buena fe. Ante ello, el Gobierno del Estado, a través de CERTTURC, ha impulsado acciones conjuntas con los municipios para avanzar en la regularización de la tenencia de la tierra.
Mediante mesas de diálogo, campañas informativas y programas específicos, se ha logrado generar acuerdos entre residentes y autoridades, con resultados positivos que apuntan a garantizar la seguridad patrimonial y respetar los derechos de terceros.
El Congreso consideró que estas acciones deben mantenerse y fortalecerse, promoviendo campañas permanentes de orientación sobre la adquisición legal de inmuebles y canales de atención para quienes ya enfrentan conflictos, bajo un enfoque preventivo, social y de certeza jurídica.
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