Proponen que el servicio social en Coahuila sea válido como experiencia laboral para jóvenes.
El servicio social que realizan miles de estudiantes podría adquirir un nuevo valor al momento de buscar empleo si prospera una propuesta presentada en el Congreso de Coahuila. El diputado Guillermo Ruiz Guerra planteó que las actividades desarrolladas durante esta etapa sean documentadas y reconocidas formalmente como experiencia laboral.
La iniciativa busca atender una de las principales dificultades que enfrenta la población joven al intentar incorporarse al mercado de trabajo: las empresas suelen solicitar experiencia previa incluso para puestos dirigidos a recién egresados, mientras que las oportunidades para obtener ese primer antecedente profesional son limitadas.
Mediante un punto de acuerdo presentado durante una sesión de la Diputación Permanente, el legislador exhortó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del Gobierno Federal a establecer mecanismos que permitan identificar y acreditar las habilidades adquiridas por los estudiantes durante su servicio social.
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La propuesta parte de una contradicción que afecta a numerosos jóvenes: para conseguir un empleo formal se les pide demostrar experiencia, pero al mismo tiempo muchas organizaciones no están dispuestas a contratar a personas que todavía no cuentan con antecedentes profesionales.
De acuerdo con Ruiz Guerra, esta situación puede convertirse en un obstáculo para la independencia económica de los recién egresados, quienes terminan sus estudios con preparación académica, pero encuentran dificultades para demostrar que ya cuentan con capacidades aplicables a un entorno de trabajo.
En ese sentido, reconocer el servicio social permitiría que las horas dedicadas por los estudiantes a instituciones públicas, organizaciones y proyectos comunitarios no quedaran únicamente como un requisito académico.
La intención sería que los jóvenes pudieran presentar constancias o mecanismos oficiales que indiquen qué actividades realizaron, qué responsabilidades asumieron y cuáles fueron las competencias que desarrollaron.
De esta manera, una experiencia que actualmente puede aparecer solamente como parte del historial universitario tendría también un valor dentro de los procesos de contratación.
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El planteamiento destaca que el servicio social no necesariamente consiste en actividades meramente administrativas o auxiliares. Dependiendo de la carrera y de la institución donde se realice, los estudiantes pueden asumir responsabilidades que les permiten desarrollar capacidades directamente relacionadas con su futuro ejercicio profesional.
Entre ellas se encuentran el trabajo en equipo, liderazgo, atención a la ciudadanía, resolución de problemas, elaboración y seguimiento de proyectos, organización y comunicación.
Estas experiencias pueden ser especialmente relevantes para quienes buscan su primer empleo, debido a que les permiten demostrar que ya han trabajado bajo determinadas responsabilidades y que conocen dinámicas similares a las que encontrarán en una organización.
El diputado considera que cientos de horas de esfuerzo y aprendizaje terminan perdiéndose como antecedente profesional cuando el estudiante concluye su servicio social y posteriormente inicia la búsqueda de empleo.
La propuesta pretende precisamente cambiar esa situación mediante un sistema que permita identificar las competencias obtenidas durante este periodo.
El reconocimiento formal del servicio social podría convertirse en una herramienta para reducir la brecha entre la formación universitaria y las exigencias del mercado laboral.
Para un recién egresado, contar con un documento que respalde las funciones desempeñadas durante su servicio social podría fortalecer su currículum y ofrecer a los empleadores información más precisa sobre sus capacidades.
La propuesta no pretende que el servicio social sustituya toda experiencia profesional, sino que las actividades realizadas durante este periodo sean tomadas en cuenta cuando realmente hayan permitido desarrollar competencias relacionadas con el puesto al que aspira una persona.
Ruiz Guerra sostiene que esto también representaría una forma de reconocer el esfuerzo de los estudiantes, quienes además de cumplir con una obligación académica aportan su tiempo y conocimientos a instituciones y proyectos que benefician a la sociedad.
El objetivo final sería que los jóvenes no partan desde cero al terminar una carrera. Si durante su formación ya participaron en proyectos, atendieron personas, resolvieron problemas o colaboraron en equipos de trabajo, esas capacidades podrían formar parte de su trayectoria profesional.
La propuesta busca así abrir una vía para que el primer empleo no dependa exclusivamente de contar previamente con otro empleo. Para el legislador, reconocer lo aprendido durante el servicio social permitiría valorar de manera más justa el esfuerzo de los jóvenes y aprovechar las habilidades que desarrollaron durante su preparación académica.
La discusión también plantea un reto para las instituciones educativas y laborales: establecer criterios claros que permitan determinar qué actividades pueden considerarse experiencia, cómo deberán acreditarse y de qué manera serán reconocidas por los empleadores.
Si estos mecanismos llegan a implementarse, el servicio social podría dejar de verse únicamente como un requisito para concluir una carrera y convertirse en un antecedente que ayude a los jóvenes a dar el siguiente paso hacia una inserción laboral formal.
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