Las familias de víctimas de feminicidio tienen derecho a la reparación integral del daño. Cuando el responsable no puede cubrirla, se contempla una compensación subsidiaria a cargo del Estado.
Las familias de víctimas de feminicidio tienen derecho a una reparación integral del daño, pero el acceso a una compensación económica por parte del Estado requiere cumplir previamente con un procedimiento legal.
Ricardo Martínez Loyola, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), explicó que una de las principales inquietudes expresadas por familiares de víctimas está relacionada con el proceso para acceder a estos recursos.
Ante los señalamientos sobre una presunta falta de atención conforme a los protocolos, el funcionario precisó que la inconformidad se concentra principalmente en los tiempos y requisitos relacionados con las compensaciones económicas.
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Cuando existe una sentencia condenatoria por feminicidio, la obligación de cubrir la reparación del daño corresponde, en primera instancia, a la persona responsable del delito.
Martínez Loyola explicó que este derecho está reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, por lo que la sentencia debe contemplar la reparación correspondiente para las víctimas indirectas.
Sin embargo, el escenario cambia cuando el responsable no cuenta con bienes o recursos suficientes para cumplir con esa obligación.
Es en ese supuesto cuando puede entrar en operación la compensación subsidiaria, mecanismo previsto en la Ley General de Víctimas mediante el cual el Estado puede asumir el pago bajo determinadas condiciones.
La CEAV explicó que la intervención del Estado es subsidiaria, por lo que primero debe agotarse el procedimiento para exigir la reparación a la persona responsable.
Esto implica determinar si cuenta con bienes, ingresos u otros recursos que puedan utilizarse para garantizar el cumplimiento de la sentencia.
“Primero tengo que esperarme a que se haga el proceso ante aquella persona”, explicó Martínez Loyola.
El funcionario señaló que este procedimiento no implica que las víctimas pierdan su derecho a la reparación integral, sino que deben cumplirse las etapas establecidas por la legislación antes de que el Estado intervenga como obligado subsidiario.
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Uno de los puntos que la CEAV busca aclarar es que reparación integral del daño y compensación subsidiaria son conceptos distintos.
La reparación integral comprende diferentes medidas destinadas a resarcir las afectaciones provocadas por el delito, mientras que la compensación subsidiaria es un mecanismo mediante el cual el Estado puede cubrir determinados conceptos cuando el responsable directo no puede hacerlo, conforme a los requisitos legales.
Por ello, el monto y los componentes de cada figura no necesariamente son equivalentes.
La diferencia es relevante para las familias, ya que el acceso a una compensación estatal depende de que previamente se acredite el supuesto que permite la intervención subsidiaria del Estado.
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En los casos en que un feminicidio deja a niñas, niños o adolescentes en situación de orfandad, existen programas específicos de apoyo para atender sus necesidades, éstos se trabajan en conjunto con la PRONNIF.
Martínez Loyola señaló que entre estas medidas se encuentran mecanismos para otorgar apoyos económicos bimestrales a menores que se encuentran en esta condición.
Estos recursos forman parte de un conjunto de medidas de asistencia y ayuda que pueden solicitarse a través de la CEAV.
El objetivo, explicó, es brindar respaldo a las familias que enfrentan las consecuencias económicas y sociales derivadas de un feminicidio, además de garantizar el acceso a las medidas de atención previstas para las víctimas indirectas.
