Conoce qué pueden y qué no hacer los despachos de cobranza en Coahuila.
En Coahuila, el aumento de quejas por llamadas intimidatorias de despachos de cobranza ha encendido alertas entre autoridades judiciales. Aunque el cobro de adeudos es una actividad legal, existen límites muy claros que los cobradores telefónicos no pueden rebasar, y hacerlo puede derivar en responsabilidades penales.
El Poder Judicial del Estado de Coahuila mantiene abiertas al menos 10 carpetas de investigación contra despachos jurídicos en distintas regiones del estado por presuntas prácticas ilegales de cobro, como hostigamiento, amenazas y falsificación de documentos oficiales.
“El problema es que todavía hay despachos que intentan intimidar a la gente con acciones que no tienen ningún sustento legal”, advirtió el magistrado presidente del Poder Judicial, Miguel Mery Ayup.
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Los despachos de cobranza sí pueden realizar gestiones de cobro, siempre que se mantengan dentro del marco legal. Entre las acciones permitidas se encuentran:
Sin embargo, Miguel Mery Ayup fue enfático al señalar que estas acciones no implican autoridad judicial.
“Un despacho no puede atribuirse facultades que solo corresponden a un juez. Si no hay un expediente en un juzgado mercantil, simplemente no existe un proceso”, explicó.
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Las carpetas de investigación abiertas en Coahuila documentan prácticas que son consideradas ilegales. Los cobradores telefónicos NO pueden:
“Se han detectado casos donde se usan sellos que aparentan ser oficiales, cuando en realidad no hay ningún juicio iniciado”, alertó el magistrado.
Estas acciones buscan generar miedo, sobre todo en personas que desconocen cómo funcionan los procedimientos mercantiles.
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El Poder Judicial llamó a la ciudadanía a no dejarse intimidar y a denunciar cualquier abuso. Entre las principales recomendaciones están:
“Si no hay un procedimiento formal, no hay fundamento para embargos ni aseguramientos”, subrayó Mery Ayup.
Además, destacó la campaña Ponte Trucha, con la que se logró reducir en un 35% los fraudes relacionados con pagarés mal llenados. “Muchas personas pierden su patrimonio por firmar documentos incompletos o alterados después”, concluyó.
