Coahuila: Gabriel Elizondo vota contra la Ley Antimemes por riesgos a la libertad de expresión.
El debate sobre la protección de los derechos de autor llegó al Senado con una discusión sobre los alcances que podrían tener las nuevas disposiciones en el entorno digital.
Durante la votación de una reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, conocida públicamente como “Ley Antimemes”, el senador por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, manifestó su rechazo al proyecto al considerar que algunas de sus medidas podrían afectar la libertad de expresión y el acceso a internet de los usuarios.
Desde la tribuna, el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sostuvo que proteger el trabajo de artistas y creadores es una tarea necesaria, pero señaló que ese objetivo no debe traducirse en restricciones que perjudiquen a personas que utilizan la red para actividades cotidianas. Su postura se centró particularmente en las consecuencias que podría tener la suspensión del servicio de internet ante presuntas infracciones reiteradas a los derechos de autor.
Elizondo cuestionó que la reforma establezca obligaciones para las compañías proveedoras de conexión, pues consideró que su aplicación podría generar afectaciones que vayan más allá de la persona señalada por una conducta irregular.
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El senador explicó que su voto en contra responde a los posibles efectos de la reforma sobre los derechos digitales de la población. Aunque reconoció la importancia de garantizar que los creadores reciban protección por sus obras, advirtió que el proyecto contiene aspectos que, desde su perspectiva, necesitan mayor claridad jurídica.
Entre sus principales observaciones mencionó posibles problemas constitucionales y vacíos en la manera en que se aplicarían las medidas previstas. En particular, señaló la disposición que plantea que los proveedores de internet establezcan políticas para suspender el servicio a usuarios que reincidan en infracciones relacionadas con derechos de autor.
Para el legislador, una regulación de este tipo debe contar con mecanismos precisos que permitan determinar responsabilidades y evitar sanciones desproporcionadas. Su argumento fue que la defensa de la propiedad intelectual debe encontrar un equilibrio con otras garantías, entre ellas la libertad de expresión y el derecho de las personas a mantenerse conectadas.
Uno de los puntos centrales de la intervención de Elizondo fue el impacto que una eventual suspensión del servicio podría tener en los hogares donde varias personas comparten una misma conexión.
El senador advirtió que, si una cuenta de internet es utilizada por distintos integrantes de una familia, una sanción derivada de la conducta de uno de ellos podría dejar sin acceso a todos los demás, incluso a quienes no participaron en la presunta infracción.
Esta situación, indicó, tendría consecuencias para estudiantes que necesitan conectarse a clases o consultar materiales educativos, trabajadores que realizan sus actividades a distancia y personas que dependen de internet para trámites, comunicación y otros servicios.
La preocupación expresada por el legislador apunta a que la aplicación de la reforma no termine afectando de manera generalizada a usuarios que no tienen responsabilidad directa en una falta. Por ello, planteó la necesidad de revisar los alcances de las disposiciones antes de establecer mecanismos que puedan limitar la conexión de los hogares.
Durante su posicionamiento, Gabriel Elizondo también hizo referencia a la importancia de mantener el trabajo coordinado en favor de las familias coahuilenses. En ese contexto, mencionó la colaboración con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y sostuvo que las decisiones legislativas deben considerar las consecuencias que tendrán en la vida diaria de la población.
El senador afirmó que legislar implica actuar con responsabilidad y procurar que las normas cumplan su propósito sin generar afectaciones innecesarias. Para reforzar su postura, recurrió a una expresión utilizada en Coahuila: avanzar requiere hacer las cosas correctamente y mantener como prioridad los derechos de las personas.
Su voto en contra de la reforma, conocida como Ley Antimemes, se sustentó así en las dudas que manifestó sobre sus efectos en la libertad de expresión, el acceso a internet y la protección de los usuarios. La discusión coloca en el centro el reto de establecer reglas que protejan los derechos de autor sin dejar de considerar las garantías de quienes utilizan diariamente las plataformas digitales.
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