Congreso de Coahuila llama a frenar abusos en tarifas de grúas y arrastre en los municipios.
Con el objetivo de impedir cobros injustificados en los servicios de grúa y arrastre, la diputada Edith Hernández Sillas, del Grupo Parlamentario Alianza Coahuila del PAN, presentó ante el Congreso del Estado un exhorto dirigido a los 38 municipios para reforzar la vigilancia de estas tarifas en conjunto con la Profeco.
La legisladora explicó que, aunque las Leyes de Ingresos Municipales ya establecen los costos oficiales para el arrastre de vehículos, varias compañías particulares aplican tarifas muy superiores y sin ningún respaldo normativo.
De acuerdo con Hernández Sillas, se han reportado casos en los que el costo legítimo de 800 pesos se eleva arbitrariamente hasta los 3 mil o incluso 5 mil pesos, sin entregar recibos ni justificación legal.
Hernández Sillas recalcó que estas prácticas constituyen un abuso directo hacia automovilistas y transportistas, por lo que pidió a los gobiernos locales fortalecer los mecanismos de supervisión y actuar con determinación contra cualquier irregularidad.
La diputada concluyó que su propuesta tiene como finalidad proteger la economía familiar, asegurar la transparencia en los servicios concesionados y evitar que ciudadanos continúen siendo afectados por cobros desproporcionados.
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El Congreso detectó que algunas empresas elevan de manera injustificada los costos por el arrastre de vehículos, llegando a cobrar hasta seis veces más de lo autorizado.
Esto afecta directamente a automovilistas, transportistas y familias que enfrentan gastos inesperados, por lo que la supervisión busca impedir fraudes y garantizar que las tarifas respeten lo que marca la ley.
El exhorto propone que los ayuntamientos trabajen de la mano con la Profeco para verificar precios, sancionar abusos y revisar que las empresas concesionadas cumplan con la normativa vigente.
La coordinación permitiría detectar irregularidades, requerir comprobantes y evitar que compañías operen con tarifas infladas o sin transparencia.
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La iniciativa busca evitar afectaciones económicas, promover la transparencia en servicios públicos y asegurar que las empresas cumplan con los costos establecidos.
Al aplicar un control más estricto, se espera que los usuarios reciban un servicio justo, con tarifas claras y sin cobros sorpresivos.
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