La familia de Blanca Martínez denunció que fue víctima de presunta negligencia médica en el Hospital No. 01 del IMSS en Saltillo.
Tras su fallecimiento, la familia de Blanca Martínez, activista en pro de los derechos humanos, denunció que fue víctima de negligencia médica presuntamente cometida en el Hospital General de Zona No. 01 del IMSS en Saltillo.
Más de 270 personas y un centenar de organizaciones nacionales e internacionales exigieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila una investigación exhaustiva e independiente que esclarezca la causa de la muerte de Blanca Isabel Martínez Bustos, histórica defensora de derechos humanos en México, fallecida el pasado 10 de noviembre en el Hospital General de Zona No. 1 del IMSS en Saltillo.
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La familia Martínez Bustos presentó una denuncia por posible negligencia médica, señalando que Blanca ingresó al hospital caminando para someterse a una cirugía programada, con la expectativa de reincorporarse pronto a sus labores de defensa y acompañamiento a víctimas.
Sin embargo, tras lo que describen como una “pésima atención”, su estado se agravó hasta perder la vida.
Organizaciones firmantes advirtieron que el caso revela fallas estructurales en el sistema de salud pública, particularmente en los protocolos prequirúrgicos, la atención de fines de semana y la disponibilidad de terapia intensiva.
“No podemos normalizar las omisiones y negligencias criminales que desde el IMSS se cometen en contra de la población”, afirmaron en el comunicado.
Las y los firmantes denunciaron que Blanca no recibió una valoración adecuada que asegurara su idoneidad para el procedimiento quirúrgico, lo cual aseguran podría haber prevenido complicaciones. También destacaron que la ausencia de personal y de áreas suficientes para cuidados críticos representa un riesgo constante para las y los pacientes.
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Ante esta situación, las organizaciones y personas suscritas exigen cuatro acciones inmediatas:
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La muerte de Blanca Martínez quien por años acompañó a víctimas de violaciones graves a derechos humanos y fortaleció procesos de búsqueda y justicia en la región ha provocado indignación en colectivos de defensoras, familias de personas desaparecidas, grupos de migrantes y centros de derechos humanos en todo el país.
Su comunidad exige que su caso no sea reducido a una estadística más dentro del sistema de salud, sino que se convierta en un punto de inflexión para garantizar atención digna, profesional y segura a todas las personas.
“Nuestra amiga y compañera entró caminando. Hoy ya no está con nosotros. No dejaremos de exigir verdad y justicia”, concluyeron.
