Seguridad escolar en Coahuila: amenazas de ataques en planteles encienden alertas entre padres y autoridades.
Las advertencias sobre posibles agresiones dentro de centros educativos se han convertido en un motivo de preocupación para la comunidad escolar de Coahuila. En lo que va de 2026 se tiene registro de alrededor de 10 situaciones de este tipo en diferentes municipios, algunas relacionadas con conflictos entre alumnos y otras con mensajes que anuncian posibles ataques contra docentes o instalaciones, de acuerdo con Francisco Javier Mancillas, representante de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF).
Los reportes abarcan distintos escenarios: estudiantes que amenazan a maestros después de obtener una calificación reprobatoria, mensajes sobre la presunta detonación de explosivos, advertencias de agresiones contra compañeros de un género específico e incluso publicaciones que señalan directamente a las escuelas como posibles objetivos.
La recurrencia de estos episodios ha generado inquietud entre madres, padres, profesores y directivos, especialmente porque algunos avisos se han difundido mediante redes sociales o han aparecido dentro de los propios planteles.
Ante este panorama, la organización de padres de familia considera necesario reforzar las medidas preventivas y mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de atender estos casos.
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Francisco Javier Mancillas señaló que la UNPF tiene conocimiento de aproximadamente 10 amenazas relacionadas con posibles ataques escolares durante el presente año. Los incidentes se han presentado en distintas localidades de la entidad y no se limitan a Saltillo, aunque algunos de los acontecimientos recientes han concentrado la atención en la capital coahuilense.
Uno de los planteles señalados es la secundaria Ejército Mexicano, donde, según el representante de la organización, se han conocido al menos tres advertencias en un periodo de tres semanas. Algunas fueron localizadas en los sanitarios de la institución, mientras que otras circularon a través de plataformas digitales.
El dirigente también mencionó reportes correspondientes a municipios como Monclova y Torreón, donde recordó que ya se registró una tragedia relacionada con hechos de violencia. Sin embargo, no todos los avisos tienen las mismas características ni necesariamente han derivado en una agresión consumada.
La variedad de los mensajes representa un desafío para las autoridades escolares, pues las amenazas pueden originarse en desacuerdos académicos, conflictos entre estudiantes o contenidos difundidos en internet. Por ello, Mancillas consideró importante dar seguimiento a cada reporte y evitar que las advertencias sean minimizadas, incluso cuando no exista certeza de que el alumno pretenda llevarlas a cabo.
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Las consecuencias para quienes realizan este tipo de amenazas han dependido de las circunstancias de cada caso. Mancillas explicó que algunas situaciones han terminado con la expulsión del estudiante, mientras que en otras se ha optado por permitirle continuar sus estudios, pero mediante un cambio de institución educativa.
Además de las decisiones escolares, los reportes pueden llegar a conocimiento de las autoridades correspondientes. Cuando esto sucede, personal de las corporaciones acude a los planteles y se ponen en marcha los procedimientos de seguridad establecidos para atender posibles riesgos.
La intervención también contempla a las familias de los alumnos involucrados. De acuerdo con el representante de la UNPF, se busca dialogar con madres y padres para que los menores reciban acompañamiento y atención psicológica, con el propósito de identificar los motivos detrás de sus conductas y prevenir que escalen a situaciones de mayor gravedad.
El dirigente consideró que la respuesta no debe limitarse a imponer sanciones, ya que también es necesario atender el entorno emocional y social de niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, planteó que las escuelas mantengan coordinación con dependencias como el DIF y las instituciones de salud para facilitar la atención especializada tanto a estudiantes como a docentes.
Ante la repetición de las amenazas, la UNPF pidió fortalecer los protocolos de seguridad y ampliar las acciones preventivas en las escuelas. Entre las medidas propuestas se encuentran los rondines de vigilancia por parte de las corporaciones de Seguridad Pública, así como una mayor colaboración entre autoridades educativas, directivos, familias y organismos de atención a la niñez.
Mancillas recordó que existen procedimientos diseñados por los propios centros educativos y por la Secretaría de Educación, entre ellos el Operativo Mochila y los mecanismos para brindar atención psicológica. Consideró que estas herramientas deben aplicarse de manera adecuada y acompañarse de acciones que permitan detectar oportunamente comportamientos o mensajes que representen una posible amenaza.
También señaló la influencia que pueden tener las redes sociales en la reproducción de este tipo de conductas, pues algunas advertencias se difunden en plataformas digitales y pueden generar temor entre estudiantes y sus familias. Por ello, insistió en la importancia de mantener comunicación con los menores sobre el contenido que consumen y comparten.
Otra de las acciones mencionadas es la restricción del uso de teléfonos celulares dentro de los planteles, medida que, según el representante de los padres de familia, puede contribuir a reducir determinadas situaciones de riesgo.
Finalmente, Mancillas advirtió que la atención de estos casos requiere evitar tanto la indiferencia como la generación de alarma innecesaria. El objetivo, sostuvo, debe ser proteger a la comunidad educativa, brindar apoyo a quienes lo necesiten y evitar que las amenazas provoquen un ambiente de miedo que afecte las actividades escolares.
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