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De acuerdo con estimaciones de organizaciones civiles, alrededor de 10 mil unidades permanecen con trámites inconclusos en el estado, pese a que sus dueños ya habían iniciado el proceso formal.
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La situación se agravó tras la decisión del Gobierno Federal de dar por terminado el decreto vigente desde 2022, lo que dejó en pausa cientos de expedientes que ya contaban con citas y folios asignados.
A nivel nacional, la cifra de unidades en esta misma condición podría ascender a más de 100 mil, lo que refleja la magnitud del problema.
Según la organización, estos propietarios cumplieron con los requisitos iniciales y se encontraban dentro del proceso oficial, por lo que consideran que no se trata de nuevos solicitantes, sino de trámites que quedaron inconclusos por cambios administrativos.
¿Qué está solicitando ONAPPAFA al Gobierno Federal?
Ante este panorama, ONAPPAFA anunció que presentará una solicitud formal ante la Secretaría de Gobernación, con el objetivo de que se habilite una vía legal que permita concluir los trámites ya iniciados.
La petición no busca reabrir el programa de manera general, sino resolver los casos que quedaron pendientes pese a contar con folio y cita oficial.
La organización subrayó que su postura es de diálogo institucional y que continuará representando a sus afiliados para evitar que pierdan la inversión realizada y queden en un limbo jurídico.
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¿Qué alternativas plantean para los propietarios de estos vehículos?
Mientras se define una respuesta por parte de las autoridades federales, ONAPPAFA propone medidas transitorias, como permitir la circulación local de los vehículos pendientes, con el fin de brindar certidumbre a las familias que dependen de estas unidades para su movilidad diaria.
La organización reiteró que su principal demanda es que se respeten los procesos ya iniciados y que se evite que el cierre del decreto siente un precedente que afecte a miles de ciudadanos que actuaron conforme a las reglas vigentes en su momento.