Denuncias por corrupción en Coahuila: 216 casos fueron desechados y 159 siguen bajo investigación.
La revisión de las cuentas públicas de Coahuila ha derivado en cientos de denuncias por posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos; sin embargo, una proporción reducida de estos expedientes ha avanzado hasta los tribunales.
De acuerdo con el Informe de Seguimiento de Fiscalización correspondiente al primer semestre de 2026, la Auditoría Superior del Estado (ASE) reportó que entre las cuentas públicas de 2013 y 2023 presentó 381 denuncias ante instancias de procuración de justicia. Del total, únicamente seis habían llegado al Poder Judicial.
El documento permite conocer qué ocurrió con las denuncias formuladas contra municipios, dependencias estatales, organismos paramunicipales y otros entes públicos señalados durante los procesos de fiscalización.
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El informe revela que más de la mitad de las denuncias no continuaron hacia un proceso penal. En 216 expedientes, equivalentes al 56.6 por ciento del total, el Ministerio Público determinó el no ejercicio de la acción penal.
Mientras tanto, otros 159 casos, que representan el 41.7 por ciento, permanecían dentro de carpetas de investigación sin una resolución reportada por las autoridades ministeriales al momento del corte del informe.
Esto significa que la mayor parte de las denuncias presentadas durante ese periodo no había llegado a una etapa judicial. Solamente seis expedientes, equivalentes al 1.7 por ciento, fueron judicializados.
La Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción son las instancias que intervienen en el seguimiento de estos procedimientos. Esta última fue creada en 2017 mediante el Decreto 903.
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Entre los seis expedientes que avanzaron ante el Poder Judicial se encuentran casos relacionados con distintos municipios y con un organismo del sector educativo.
Uno de ellos corresponde a Sabinas, cuya Cuenta Pública 2014 derivó en una denuncia por presuntas irregularidades por 24.3 millones de pesos. El expediente se encuentra actualmente en etapa intermedia.
También está el caso de Acuña, correspondiente al mismo ejercicio fiscal, donde fueron señaladas anomalías por aproximadamente 1.4 millones de pesos. Este procedimiento derivó en un acuerdo reparatorio parcial en 2018.
Sacramento aparece entre los expedientes judicializados por observaciones de su Cuenta Pública 2017, relacionadas con 1.7 millones de pesos. El procedimiento concluyó mediante un acuerdo reparatorio firmado en 2019. Frontera también figura entre los casos que alcanzaron una salida mediante acuerdo.
Otro expediente corresponde al SNTE Sección 5 y está relacionado con la Cuenta Pública 2018. En este caso existe un auto de vinculación a proceso, aunque el informe de la ASE no especifica el monto económico involucrado.
El expediente relacionado con Múzquiz corresponde a irregularidades detectadas en la Cuenta Pública 2022 y se encuentra entre los asuntos que llegaron al Poder Judicial.
La denuncia contempla un monto de 23.1 millones de pesos y está vinculada con la administración encabezada por la exalcaldesa Tania Flores. El proceso forma parte de los seis expedientes que, de acuerdo con el reporte de la ASE, lograron avanzar a la instancia judicial.
En dos de los casos incluidos en el seguimiento también se reportaron órdenes de aprehensión, aunque el informe presentado por la Auditoría distingue estos procedimientos del universo general de denuncias.
Las cifras corresponden exclusivamente a las denuncias promovidas por la Auditoría Superior del Estado a partir de la fiscalización de las cuentas públicas de 2013 a 2023. La Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción también atiende investigaciones iniciadas por otras vías, por lo que estos 381 expedientes no representan el total de asuntos relacionados con posibles hechos de corrupción en Coahuila.
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