Crece en Coahuila el número de deudores alimentarios; 229 personas inscritas en el registro estatal.
El incumplimiento en el pago de pensiones alimenticias continúa al alza en Coahuila. De acuerdo con información del Poder Judicial del Estado, actualmente 229 personas figuran en el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos, una lista pública que exhibe a quienes han dejado de cumplir con sus obligaciones legales hacia sus hijos.
Desde 2016, año en que comenzó a operar este registro, los nombres de los morosos se incorporan una vez que un juez determina el incumplimiento en al menos tres ocasiones dentro de un periodo de seis meses.
Este mecanismo, previsto en el Artículo 308 de la Ley de la Familia, busca garantizar que los hijos reciban el sustento necesario para su desarrollo y bienestar.
La magistrada María Eugenia Galindo, integrante de la Sala Civil y Familiar del Poder Judicial, explicó que la inscripción sólo procede tras una resolución judicial, cuando se acredita la existencia del adeudo.
Aparecer en el registro estatal tiene consecuencias directas para quienes incumplen con la pensión alimenticia. La Secretaría Técnica del Poder Judicial es la encargada de realizar la inscripción, y el listado puede consultarse públicamente en el portal oficial del Poder Judicial de Coahuila.
Además, el juez puede ordenar el embargo de bienes inscritos a nombre del deudor en el Registro Público de la Propiedad, con el fin de garantizar el pago.
Si la persona morosa liquida su deuda y presenta las pruebas correspondientes ante el tribunal, su nombre puede ser eliminado del registro, aunque en caso de reincidencia será inscrito nuevamente.
Las sanciones pueden ir desde arrestos de hasta 36 horas hasta la pérdida de la patria potestad en casos graves de incumplimiento reiterado.
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Según la magistrada Galindo Hernández, los jueces fijan la cantidad a pagar tomando en cuenta las posibilidades económicas del padre o madre y las necesidades de los hijos.
Para ello, los tribunales ordenan un estudio socioeconómico que evalúa los ingresos del progenitor y los gastos que implican la educación, alimentación, salud y vivienda de los hijos.
En algunos casos, la ley permite embargar hasta el 50% del salario del trabajador para cubrir la pensión, especialmente cuando se trata de menores con enfermedades o necesidades especiales.
La magistrada advirtió que algunos padres buscan evitar sus obligaciones declarando ingresos menores o cambiando de empleo para no ser localizados, lo cual puede considerarse fraude contra los acreedores alimentarios.
Aunque no es fácil detectar la simulación de ingresos, los jueces pueden solicitar documentación, declaraciones fiscales o pruebas aportadas por la parte afectada para comprobar la capacidad real de pago.
Asimismo, los empleadores tienen responsabilidad legal: si encubren los ingresos de un trabajador que aparece como deudor alimentario, pueden ser sancionados por complicidad.
En Coahuila, el Poder Judicial refuerza las medidas para que los padres cumplan con sus deberes legales y garanticen el bienestar de sus hijos, recordando que el derecho a la alimentación y al sustento es irrenunciable y está protegido por la ley.
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