La jueza Dorian Martínez impuso prisión preventiva a Chad "N", acusado de feminicidio y homicidio calificado por el asesinato de tres personas en Saltillo
La jueza Dorian Martínez impuso las medidas cautelares de prisión preventiva oficiosa y prisión preventiva justificada a Chad “N”, quien enfrenta un proceso penal por los presuntos delitos de feminicidio y homicidio calificado tras el asesinato de tres personas en Saltillo, Coahuila.
La resolución fue emitida durante la audiencia inicial de la causa penal 547/2026JEVF, en la que el Ministerio Público formuló la imputación por los hechos que derivaron en la muerte de Ana Laura, Jaqueline y Emanuel.
Con esta determinación, el imputado permanecerá privado de la libertad mientras avanzan las siguientes etapas del procedimiento judicial.
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Durante la audiencia celebrada este jueves, la representación de la Fiscalía General del Estado expuso los datos de investigación con los que sustenta la acusación contra Chad “N”.
La carpeta de investigación contempla los siguientes delitos:
De acuerdo con la Fiscalía, estos cargos corresponden a las muertes registradas en un caso que ha generado atención en Saltillo por la gravedad de los hechos.
Las autoridades judiciales precisaron que esta fase del proceso corresponde únicamente a la formulación de imputación, por lo que aún no se define de manera definitiva la situación jurídica del acusado.
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La defensa legal de Chad “N” solicitó la duplicidad del término constitucional, recurso previsto en la legislación que permite ampliar el plazo para que un juez determine si existen elementos suficientes para vincular a proceso al imputado.
Tras esta petición, la jueza fijó la audiencia de vinculación a proceso para las 13:00 horas del próximo martes 11 de agosto.
En esa diligencia se analizarán:
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Mientras se desarrolla la siguiente etapa del proceso penal, Chad “N” permanecerá recluido en cumplimiento de las medidas cautelares impuestas por la autoridad judicial.
La jueza determinó aplicar:
Será durante la audiencia del 11 de agosto cuando el órgano jurisdiccional determine si existen elementos suficientes para vincular a proceso al imputado por los delitos que le atribuye la Fiscalía General del Estado, decisión que marcará el siguiente paso del procedimiento penal.
