Ley anti ruido en Coahuila, una norma olvidada que indigna a los ciudadanos.
A más de una década de su publicación, la Ley para Combatir el Ruido en Coahuila continúa sin aplicarse de manera efectiva, lo que ha llevado a que se considere una legislación en el olvido.
Así lo denunció el diputado de Morena, José Alberto Hurtado, quien señaló que la falta de sanciones ha generado un ambiente de impunidad en distintos sectores de la capital.
El legislador aseguró que la Unidad de Justicia Cívica es una de las instituciones que menos contribuyen a la aplicación de la norma, a pesar de que debería ser la primera en garantizar su cumplimiento.
De acuerdo con reportes vecinales, la omisión de esta norma ha permitido que las fiestas prolongadas hasta altas horas de la madrugada y el uso excesivo de equipos de sonido se vuelvan comunes en colonias como Agua Nueva y Australia.
Los ciudadanos aseguran que, al solicitar la intervención de la autoridad, los casos suelen ser evadidos o enviados a instancias que no aplican sanciones, lo que provoca frustración entre quienes piden tranquilidad en sus barrios.
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Hurtado Vera también subrayó que el descontrol no solo proviene de viviendas particulares, sino también de jóvenes y menores de edad que conducen motocicletas sin las medidas legales y de seguridad necesarias.
Señaló que es común encontrarlos circulando en el oriente y poniente de Saltillo, sin placas, sin casco y con motores modificados para incrementar el ruido, lo que, además de alterar la paz, representa un riesgo en materia de seguridad vial.
El diputado adelantó que presentará un paquete legislativo para reforzar la aplicación de esta ley. Entre las propuestas destacan:
El morenista consideró fundamental que las autoridades locales investiguen de dónde obtienen motocicletas los menores y verifiquen que los conductores cuenten con documentos y requisitos en regla.
La exigencia, sostuvo Hurtado, no busca otra cosa que poner fin a un problema que desde hace años afecta la calidad de vida de los coahuilenses. Sin embargo, reconoció que, mientras la ley no se ejecute, continuará siendo considerada como una “letra muerta” en la administración del Gobierno de Saltillo.
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