Autoridades impulsan reformas para frenar la extorsión digital en Coahuila, un delito en crecimiento.
La presión que ejercen los grupos dedicados a fraudes y amenazas en línea encendió las alarmas en Coahuila, donde diputados locales buscan endurecer las sanciones contra la extorsión digital, el robo de identidad y las conocidas aplicaciones de “montadeudas”.
La iniciativa surge después de que diversas instituciones financieras y autoridades reportaran un incremento acelerado de este tipo de delitos durante el último año.
De acuerdo con cifras legislativas, el robo de identidad digital aumentó 84% a nivel nacional, dejando un impacto económico de más de 11 mil millones de pesos por fraudes derivados del acceso ilícito a información personal, particularmente a través de teléfonos móviles.
El diputado Marcelo Torres Cofiño advirtió que el gobierno federal no ha establecido una estrategia contundente para enfrentar hackeos, amenazas en línea ni redes de extorsión, por lo que propuso una reforma al Código Penal para ofrecer protección jurídica más sólida a la ciudadanía.
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El uso masivo de teléfonos inteligentes y aplicaciones de préstamo exprés ha generado vulnerabilidades que grupos criminales explotan para obtener datos personales.
El hackeo de cuentas y perfiles es hoy uno de los métodos más frecuentes.
Además del impacto económico, las víctimas sufren presión emocional, acoso y amenazas constantes. En los casos más graves, los extorsionadores difunden fotografías, contactos o información privada para manipular o intimidar a los usuarios.
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La reforma busca crear el delito federal de “robo y suplantación de identidad digital”, con sanciones que irían de 3 a 8 años de prisión, dependiendo de la gravedad del delito. Bajo este tenor, la propuesta incluye tipificar la violencia digital con penas que alcanzan hasta 10 años.
Las aplicaciones de cobranza abusiva y amenazas digitales podrían recibir hasta 12 años de cárcel, debido a que utilizan datos personales para intimidar a deudores.
La iniciativa propone prohibir expresamente el uso de fotografías, contactos o información ajena para hostigar o presionar a las personas.
Se solicita que autoridades tecnológicas puedan bloquear apps y cuentas ilícitas de manera inmediata para frenar la operación de grupos delictivos.
Así se plantea un Protocolo Nacional de Respuesta Rápida, diseñado para atender denuncias, ofrecer acompañamiento legal y evitar que los agresores sigan operando.
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