Uno de los puntos que generó mayor controversia fue la supuesta presencia de menores o personas vulnerables durante la diligencia. No obstante, el fiscal fue enfático al desmentir estas versiones.
La Fiscalía General del Estado de Coahuila aclaró los detalles del cateo realizado en una unidad deportiva del municipio de Piedras Negras, luego de que surgieran versiones sobre presuntas irregularidades durante la intervención.
El fiscal general, Federico Fernández Montañez, aseguró que la diligencia se realizó conforme a la ley y negó la presencia de menores en el lugar.
De acuerdo con lo informado, el operativo se llevó a cabo tras la autorización de un juez de control, como parte de un proceso legal relacionado con la posesión de un inmueble ubicado dentro de una unidad deportiva en la colonia Colinas.
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El fiscal explicó que el cateo fue resultado de una investigación derivada de un conflicto por la posesión del inmueble, el cual había sido previamente asignado al sistema DIF estatal desde 2025 para su uso en actividades sociales.
Sin embargo, en semanas recientes, el Ayuntamiento de Piedras Negras intervino en el espacio sin contar con una resolución judicial definitiva a su favor, lo que generó una disputa legal. Ante esta situación, un juez autorizó el cateo para permitir el ingreso de las autoridades y garantizar el cumplimiento de la ley.
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Uno de los puntos que generó mayor controversia fue la supuesta presencia de menores o personas vulnerables durante la diligencia. No obstante, el fiscal fue enfático al desmentir estas versiones.
Según detalló, en el lugar se encontraban entre 13 y 15 personas, todas mayores de edad, quienes estaban relacionadas con la organización de un evento deportivo. Asimismo, se descartó la presencia de personas con discapacidad en el inmueble al momento de la intervención.
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La Fiscalía aseguró que el cateo se realizó bajo estrictos protocolos y sin uso de violencia. Durante la intervención, se ofreció a las personas presentes ser trasladadas a un hotel para evitar que quedaran en situación vulnerable; sin embargo, optaron por retirarse por cuenta propia.
El inmueble quedó bajo resguardo de la autoridad estatal mientras se resolvía su situación legal. Posteriormente, en una audiencia, un juez ordenó la restitución del espacio al DIF Coahuila, lo que, según el fiscal, confirma que la actuación de la Fiscalía se apegó en todo momento al marco legal.
El caso continuará en la vía civil, donde se definirá de manera definitiva la posesión del inmueble. El fiscal señaló que la intervención del Ayuntamiento fue revertida por la autoridad judicial, lo que evidenció la falta de sustento legal en su actuación.
