A lo largo de Coahuila, existen memoriales que buscan dar memoria y justicia a diversos hechos que han generado heridas en la población
Aunque Coahuila se posiciona actualmente entre las entidades con menor incidencia de homicidios y mejores indicadores en percepción de seguridad, con solo un 27.8% de población que se siente insegura, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, las huellas de la violencia iniciada en la década de 2000 se mantienen visibles como un ejercicio de memoria y verdad.
Entre estos hechos destaca la masacre de Allende, efectuada en marzo de 2011, en la que, de acuerdo con estimaciones oficiales, las víctimas mortales superan las 300 personas.
Como parte de estos ejercicios de memoria, uno de los vestigios más sensibles son los memoriales dedicados a las personas desaparecidas, una problemática que persiste en la entidad. Según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, entre diciembre de 1952 y el 27 de octubre de 2026 se contabilizan 3678 personas en esta condición dentro del estado.
Si bien no existe un monumento como tal, el colectivo de búsqueda de Coahuila, ALAS de Esperanza, suele organizar actividades y ceremonias de conmemoración en torno a la masacre de Allende.
Aquel evento se remonta a los días del 18 y el 20 de marzo de 2011 en el municipio de Allende, en cuyas fechas ocurrieron asesinatos masivos realizados por miembros de Los Zetas y personal de la Policía Municipal de Allende. Dichos eventos fueron ordenados por los entonces líderes de Los Zetas, los hermanos Miguel Ángel (Z-40) y Omar Treviño Morales (Z-42).
Ambos descubrieron que la DEA había obtenido los números PIN de sus dispositivos BlackBerry tras una filtración de las autoridades mexicanas. Al sospechar que sus colaboradores, Héctor “El Negro” Moreno y Luis “La Güiche” Garza, eran los informantes, ordenaron una represalia contra ellos y sus allegados en Allende.
Fue así que, el 18 de marzo de 2011, cerca de las 18:30 horas, alrededor de 60 sicarios llegaron al rancho de los Garza y comenzaron con una ola de secuestros y asesinatos que se extendió por tres días.
Tras su arribo, secuestraron a personas que trabajaban para las familias Garza y Moreno, a quienes, para hacerlos desaparecer, quemaron sus cuerpos en barriles y luego los arrojaron en zanjas.
A la par de estos hechos violentos, saquearon viviendas, e incluso alentaron a otros vecinos a realizar estas acciones. Tras terminar los saqueos, los miembros de Los Zetas fueron auxiliados por policías municipales, quienes también ayudaron a destruir casas tanto con granadas como con martillos o maquinaria de construcción.
Este suceso oscuro en la historia del país y de Coahuila dejó un saldo estimado de 300 personas, a quienes incineraron hasta convertirlas en cenizas, quedando únicamente de ellas trozos de dientes y pequeños fragmentos de huesos.
Aunque, desde aquellos años se interpusieron denuncias sobre el caso y, en en 2014, el entonces gobernador Rubén Moreira inició una indagatoria oficial que incluyó la recolección de muestras genéticas, , los resultados no fueron concluyentes ni se ofrecieron nuevas actualizaciones sobre el caso.
Een junio de 2019, la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el gobernador coahuilense, Miguel Riquelme, ofrecieron una disculpa formal a las familias de las víctimas de la masacre, comprometiéndose a que un hecho de tal magnitud no volviera a repetirse. Este acto protocolario se llevó a cabo en cumplimiento de una recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Como parte de estos ejercicios de memoria y resistencia, existen los denominados "Árboles de la Esperanza", situados en espacios públicos de Torreón y Saltillo gracias al impulso de colectivos de búsqueda del estado.
En sus ramas se cuelgan las fotografías y fichas de personas desaparecidas, acompañadas por listones con mensajes anudados por sus familiares y miembros.
El memorial de Torreón se ubica en la Alameda Zaragoza, junto al cual se erigió un muro con el poema Desaparecidos, del uruguayo Mario Benedetti. Por su parte, el de Saltillo se localiza en uno de los jardines de la Plaza de Armas, frente al Palacio de Gobierno de Coahuila.
Entre las agrupaciones promotoras de estos espacios destacan Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-M) y Búsqueda Nacional en Vida. Esta última anunció en septiembre pasado su intención de replicar estos monumentos en los municipios de Monclova y Piedras Negras.
Cabe destacar que en la misma Alameda Zaragoza de Torreón existe un segundo memorial dedicado a las personas desaparecidas, el cual consiste en estructuras metálicas que llevan inscritos los nombres de varias víctimas.
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Aunque no está vinculado con la violencia del crimen organizado, en febrero de 2025 la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la construcción de un memorial dedicado a los 10 trabajadores fallecidos en la mina de carbón El Pinabete, ubicada en Sabinas.
El monumento, edificado en coordinación con las familias de los mineros, busca honrar su memoria y consolidarse como un espacio de reflexión sobre la importancia de garantizar entornos laborales seguros.
El accidente se remonta a agosto de 2022, cuando una inundación dejó atrapados a los 10 operarios en El Pinabete. Las labores de rescate se complicaron debido a la complejidad geológica del terreno, la inestabilidad de los túneles y el gran volumen de agua acumulada.
Una tragedia similar motivó la instalación del antimonumento +65, en alusión al siniestro ocurrido en la mina Pasta de Conchos, en el municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila.
Este antimonumento se ubica en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México con el fin de visibilizar aquel hecho de febrero de 2006, marcado, según han denunciado los familiares, por la omisión del Estado y la negligencia corporativa.
Aquel desastre, provocado por una explosión de gas, ocasionó el derrumbe de un socavón propiedad de Grupo México, donde 65 mineros quedaron atrapados.
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