Marcelo Torres impulsa propuesta para diferenciar a empresas legales del huachicol y dar certeza al traslado de combustible.
Con el objetivo de evitar que compañías que utilizan combustible para sus propias operaciones enfrenten sanciones o interrupciones injustificadas, el diputado federal Marcelo Torres Cofiño presentó un Punto de Acuerdo para solicitar al Gobierno Federal la creación de lineamientos específicos que distingan a las empresas que transportan diésel para autoconsumo de quienes participan en actividades relacionadas con el robo y comercio ilegal de hidrocarburos.
La propuesta surge ante las inquietudes manifestadas por sectores productivos, principalmente de La Laguna y otras regiones de Coahuila, donde industrias como la construcción, la minería, el campo y diversos servicios dependen del traslado constante de combustible para alimentar maquinaria pesada indispensable para sus actividades.
El legislador sostuvo que el combate al huachicol debe mantenerse como una prioridad nacional, aunque consideró necesario evitar que las medidas implementadas afecten a negocios que adquieren combustible de manera legal y únicamente lo trasladan para abastecer sus propios equipos de trabajo.
Actualmente, explicó, la ausencia de una regulación específica provoca incertidumbre entre empresarios, quienes en algunos casos enfrentan inspecciones, inmovilización de unidades o incluso procedimientos legales debido a la falta de criterios diferenciados para este tipo de operaciones.
La iniciativa plantea que autoridades federales desarrollen un mecanismo simplificado que permita otorgar autorizaciones especiales para el transporte de entre 30 y 5 mil litros de combustible destinados exclusivamente al autoconsumo, además de establecer protocolos homogéneos para las revisiones realizadas por las autoridades competentes.
El objetivo es brindar mayor certeza jurídica al sector productivo sin debilitar las acciones de vigilancia contra las redes dedicadas al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos.
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Uno de los principales argumentos de la propuesta legislativa es que actualmente numerosas empresas utilizan diésel para alimentar maquinaria especializada que no opera directamente en estaciones de servicio, por lo que requieren trasladar combustible hacia obras, campos agrícolas, minas o zonas industriales.
Sin embargo, la legislación vigente no contempla un esquema claramente diferenciado para este tipo de transporte interno, lo que ha generado incertidumbre entre empresarios que cumplen con la compra legal del combustible pero pueden verse involucrados en procedimientos administrativos durante inspecciones.
De acuerdo con el planteamiento presentado, sectores como la construcción, la agricultura y la minería necesitan mover diariamente combustible para mantener en operación excavadoras, tractores, retroexcavadoras, generadores eléctricos y otros equipos especializados.
La ausencia de criterios uniformes también puede dar pie a interpretaciones distintas por parte de las autoridades encargadas de la supervisión, situación que, según el legislador, termina afectando actividades económicas completamente legales.
Por ello, la propuesta contempla la creación de permisos específicos para empresas que únicamente transporten combustible destinado a su propio consumo operativo, sin realizar actividades de comercialización, distribución o venta de hidrocarburos.
Además del permiso, también se busca que las dependencias federales definan protocolos técnicos homogéneos que permitan identificar fácilmente cuándo una empresa cumple con todos los requisitos legales y cuándo realmente existen elementos relacionados con posibles delitos vinculados al huachicol.
La intención es reducir la incertidumbre jurídica para quienes desarrollan actividades productivas mientras continúan las acciones dirigidas contra las organizaciones dedicadas al robo de combustibles.
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La iniciativa tiene como principales beneficiarios a empresas que dependen del uso constante de maquinaria pesada para desarrollar sus actividades diarias.
Entre ellas se encuentran constructoras, compañías mineras, productores agrícolas, empresas industriales y diversos negocios que utilizan equipos alimentados con diésel fuera de instalaciones convencionales.
En muchos casos, estas actividades requieren transportar combustible desde centros de abastecimiento hacia zonas de trabajo ubicadas en áreas rurales, industriales o de difícil acceso, donde no existen estaciones de servicio cercanas.
Marcelo Torres explicó que la propuesta fue elaborada después de escuchar las preocupaciones expresadas por representantes empresariales de la región Laguna, quienes han manifestado la necesidad de contar con reglas más claras que permitan continuar operando sin temor a enfrentar sanciones derivadas de vacíos regulatorios.
El legislador señaló que las multas contempladas por presuntas irregularidades relacionadas con hidrocarburos pueden alcanzar montos elevados e incluso derivar en responsabilidades penales, aun cuando el combustible haya sido adquirido conforme a la ley y destinado únicamente al funcionamiento de maquinaria propia.
Por ello, considera indispensable establecer mecanismos que otorguen seguridad jurídica a quienes generan inversión y empleo, sin que ello represente un relajamiento de las acciones para combatir el robo de combustibles.
La propuesta también pretende evitar la paralización de obras, retrasos en proyectos productivos y pérdidas económicas ocasionadas por interpretaciones distintas durante inspecciones.
El Punto de Acuerdo solicita que diversas autoridades federales elaboren lineamientos técnicos simplificados para regular el traslado de combustible destinado al autoconsumo empresarial.
Entre las dependencias señaladas se encuentran la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Energía y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, instituciones que serían responsables de desarrollar los criterios correspondientes en caso de prosperar la propuesta.
Además de los permisos especiales, el planteamiento busca establecer procedimientos claros para las inspecciones, delimitando de manera precisa la diferencia entre empresas que comercializan hidrocarburos y aquellas que únicamente transportan combustible para abastecer su maquinaria.
Marcelo Torres adelantó que este Punto de Acuerdo forma parte de una estrategia legislativa más amplia orientada a fortalecer la certeza jurídica para el sector productivo.
En ese sentido, anunció que en las próximas semanas presentará una iniciativa de reforma legal con el propósito de incorporar estas disposiciones de forma permanente dentro del marco jurídico federal.
El diputado sostuvo que el combate al huachicol debe continuar con firmeza, pero insistió en que las medidas de seguridad también deben brindar condiciones que permitan a las empresas desarrollar sus actividades sin enfrentar obstáculos derivados de vacíos normativos.
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