Coahuila avanza en una nueva ley que regulará anexos y centros de rehabilitación en el estado.
El Congreso de Coahuila dio entrada a una iniciativa que busca transformar la operación de los anexos y clínicas privadas dedicadas al tratamiento de adicciones, mediante un marco legal que garantice el respeto a los derechos humanos y establezca controles obligatorios en su funcionamiento.
La propuesta fue presentada por el diputado Jorge Valdés Flores, con el respaldo unánime de todas las fracciones parlamentarias, quienes coincidieron en que el estado necesita reglas claras para supervisar estos espacios y evitar prácticas que vulneren la integridad de las personas internadas.
La iniciativa incorpora elementos como la definición formal del consentimiento informado, lineamientos para el ingreso de pacientes y restricciones específicas que buscan erradicar métodos coercitivos que han sido denunciados en distintos puntos del país.
Te puede interesar....
El proyecto establece que ningún anexo ni centro con servicios de salud mental podrá realizar levantamientos domiciliarios, es decir, acudir a casas o espacios privados para extraer por la fuerza a personas con consumo problemático de sustancias.
Esta medida elimina una de las prácticas más cuestionadas, en las cuales personal operativo irrumpía en hogares para trasladar pacientes sin su consentimiento.
Asimismo, se prohíbe terminantemente el tratamiento forzoso, el aislamiento involuntario y cualquier dinámica que implique coerción o violencia física.
La intención es erradicar modelos de internamiento que violan la dignidad humana y sustituirlos por esquemas alineados con normas federales e instrumentos internacionales de derechos humanos.
Las clínicas deberán operar bajo principios de respeto, trato digno y consentimiento informado, asegurando que todo procedimiento sea autorizado y supervisado conforme a la ley.
Te puede interesar....
Una de las disposiciones más relevantes es la obligación de que cada ingreso y egreso sea notificado al Ministerio Público, con el propósito de garantizar transparencia y seguimiento en la movilidad de los pacientes.
Este control permitirá prevenir delitos como la privación ilegal de la libertad, además de evitar que personas prófugas busquen ocultarse en estos centros simulando requerir tratamiento.
En caso de que no exista un familiar o responsable que acompañe el ingreso, la ley establece que será el propio centro quien deberá informar a la autoridad para mantener actualizado el registro oficial.
Asimismo, los establecimientos tendrán que entregar un reporte mensual con el listado de personas que ingresaron o egresaron, lo que permitirá reforzar la supervisión estatal.
La iniciativa recalca que ningún menor de edad podrá recibir atención residencial en anexos privados, siguiendo las guías federales para el tratamiento de las adicciones.
En cambio, deberán destinarse alternativas especializadas fuera del modelo de internamiento residencial.
En el caso de los centros dirigidos exclusivamente a mujeres, se plantea que tanto la administración como la atención estén a cargo de personal femenino, con el objetivo de garantizar seguridad, privacidad y un enfoque de género adecuado.
Estas medidas buscan crear condiciones más seguras y reducir riesgos de violencia o vulneraciones durante los procesos de rehabilitación.
Te puede interesar....
