Manolo Jiménez propone exámenes psicométricos y antidoping obligatorios a candidatos a elecciones populares durante 2026.
El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, planteó reforzar los requisitos para quienes aspiren a cargos públicos, mediante evaluaciones de control y confianza, antidoping y pruebas psicométricas.
La propuesta surge tras la detención de un alcalde en otro estado por presuntos vínculos criminales, situación que encendió alertas sobre la necesidad de revisar a profundidad los perfiles políticos antes de llegar al poder.
El mandatario señaló que en la entidad existen mecanismos de vigilancia institucional y participación ciudadana que dificultan el acceso de perfiles ligados a la delincuencia organizada. Sin embargo, consideró que estos filtros deben ampliarse a nivel nacional y no depender únicamente de las autoridades locales.
De acuerdo con el planteamiento, los institutos electorales y los partidos políticos tendrían que revisar antecedentes, estabilidad emocional y posibles adicciones, con el objetivo de evitar abusos de poder, corrupción o decisiones que afecten a la población.
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Dicha iniciativa busca prevenir que personas con vínculos criminales o inestabilidad psicológica logren ocupar puestos de autoridad.
Según el gobierno de Coahuila, una evaluación integral permitiría detectar riesgos antes de que un aspirante asuma responsabilidades públicas, evitando problemas de seguridad y gobernabilidad en municipios o estados.
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La propuesta contempla evaluaciones similares a las de corporaciones policiales en las cuales los elementos son sometidos a estudios psicométricos, análisis psicológicos y pruebas antidoping.
Estos procesos servirían para verificar tanto la salud mental como la confiabilidad del aspirante, descartando perfiles con conductas de riesgo.
El gobernador planteó que el Instituto Nacional Electoral, organismos locales y partidos políticos compartan la responsabilidad.
La intención es establecer un sistema de revisión más riguroso desde el registro de candidaturas, para impedir que personas identificadas por la comunidad como problemáticas puedan competir por cargos públicos.
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