Eutanasia y ortotanasia en Coahuila, continua el debate sobre los límites del derecho a una muerte digna.
Aunque Coahuila cuenta con una ley que protege la dignidad de las personas en fase terminal, el tema de la eutanasia sigue siendo un terreno prohibido y sin regulación clara.
La Ley Protectora de la Dignidad del Enfermo Terminal representa un avance en materia de derechos del paciente, pero también evidencia los vacíos legales y éticos que existen en torno al derecho a decidir sobre el final de la propia vida.
La diferencia entre ambas prácticas radica en su propósito: mientras la eutanasia busca poner fin activamente a la vida para evitar el sufrimiento, la ortotanasia consiste en permitir que la muerte ocurra naturalmente, sin recurrir a tratamientos que prolonguen innecesariamente el padecimiento.
La legislación actual garantiza que las personas con enfermedades terminales reciban atención médica compasiva, acceso a cuidados paliativos y la posibilidad de decidir sobre los tratamientos que aceptan o rechazan.
Este marco legal reconoce la autonomía del paciente, pero sin incluir la posibilidad de optar por la eutanasia. En consecuencia, quienes padecen sufrimientos extremos no cuentan con herramientas jurídicas que les permitan elegir una muerte asistida, lo que deja un vacío significativo en materia de derechos humanos y libertad personal.
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Expertos y legisladores coinciden en que legislar sobre la eutanasia permitiría garantizar la autonomía individual y proteger la decisión de los pacientes que enfrentan enfermedades incurables.
Una regulación clara podría establecer protocolos éticos y médicos, evitando abusos y asegurando que las decisiones sean voluntarias, informadas y revisadas por profesionales de la salud. Además, ofrecería seguridad jurídica a los médicos, quienes hoy se enfrentan a dilemas éticos y riesgos legales al atender casos límite.
Contar con una legislación específica abriría la puerta a un debate público y ético más profundo sobre el derecho a morir con dignidad. También podría aliviar el sufrimiento de pacientes y familiares que viven procesos terminales prolongados, al brindar una opción compasiva y controlada para quienes no encuentran alivio en los cuidados paliativos.
Aunque la Ley Protectora de la Dignidad del Enfermo Terminal representa un avance en materia de salud y derechos humanos, su falta de inclusión de la eutanasia mantiene al estado en un punto intermedio entre el reconocimiento de la autonomía y la negación del derecho a decidir.
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