El rezago judicial no es uniforme. Ciudades clave enfrentan una carga de expedientes especialmente alta.
El sistema judicial de Coahuila atraviesa una de sus peores crisis de rezago. Tras la renovación de jueces y magistrados el 4 de agosto de 2025, el Tribunal Superior de Justicia del Estado reporta más de 164,600 expedientes sin resolver.
Estos casos abarcan materias penales, civiles, mercantiles, familiares y laborales, algunos con más de 10 y hasta 20 años de retraso. Esta situación refleja no solo la saturación de los juzgados, sino también la falta de recursos y personal para ofrecer justicia de forma ágil y eficiente.
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El rezago judicial no es uniforme. Ciudades clave enfrentan una carga de expedientes especialmente alta:
Monclova: Más de 30,000 casos, principalmente por conflictos laborales de Altos Hornos de México y delitos violentos.
Sabinas: Cerca de 20,000 expedientes, vinculados a disputas en minas de carbón y violencia del crimen organizado.
Piedras Negras: Más de 25,000 casos relacionados con narcotráfico, tráfico de personas y conflictos familiares de migrantes.
Acuña y Allende: Elevados rezagos en temas civiles y familiares.
Estos números evidencian cómo factores económicos, sociales y de seguridad han saturado el sistema judicial en todo el estado.
Actualmente, Coahuila cuenta con 104 jueces activos, lo que significa que cada uno tiene en promedio 1,600 casos pendientes. Además, ingresan diariamente entre 200 y 300 nuevos expedientes, lo que complica aún más la carga laboral.
El magistrado presidente Miguel Mery Ayup ha señalado que “no basta con reformas administrativas” y que se necesita inversión real en personal y operación para agilizar la justicia.
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Para reducir el rezago, el Congreso de Coahuila aprobó una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, que incluye:
Estas medidas buscan acercar la justicia a los ciudadanos y evitar que tengan que trasladarse físicamente a los juzgados. Sin embargo, su éxito dependerá del presupuesto que se asigne para implementar estas herramientas tecnológicas y contratar personal.
El atraso judicial tiene consecuencias directas, familias y empresas esperan años por la resolución de conflictos, lo que debilita la confianza en las instituciones.
