Trabajadores de Palliser en Saltillo esperan una liquidación conforme a la ley tras el anuncio de cierre de la planta.
La posible salida de operaciones de Palliser en Saltillo mantiene en vilo a cientos de familias que dependen de la planta ubicada sobre el bulevar Isidro López Zertuche.
La empresa, fabricante de muebles con capital que recientemente cambió de manos hacia un grupo de origen chino, confirmó a sus trabajadores el cierre de la producción en esta ciudad.
Más de 300 empleados se manifestaron este lunes 20 de julio exigiendo el pago de salarios adeudados o una liquidación al cien por ciento, luego de recibir el aviso de que durante esta semana no habría actividad en la planta.
Tras una reunión entre representantes de la empresa y el personal, ambas partes acordaron iniciar el procedimiento de liquidación conforme a la ley, aunque advirtieron que aún deben cumplirse los trámites correspondientes antes de concretar el pago de las indemnizaciones.
Según ese mismo reporte, uno de los trabajadores señaló que desde hace meses la fábrica prácticamente había detenido la construcción de muebles, limitándose a terminar pedidos pendientes.
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La Ley Federal del Trabajo no fija un número exacto de días para que una empresa entregue la liquidación tras un despido, pero sí establece que el pago debe realizarse de forma inmediata al concluir la relación laboral.
En la práctica, el retraso injustificado puede derivar en sanciones para el patrón, además de abrir la puerta a que el trabajador acuda ante las autoridades laborales para exigir el cumplimiento.
Entre los puntos clave que marca la normativa:
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Cuando el pago no se realiza en el plazo esperado, los trabajadores pueden acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, instancia que ofrece asesoría legal gratuita y puede intervenir para exigir el cumplimiento de la ley ante el patrón.
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El gobierno estatal ha señalado en meses previos que la operación de Palliser en la región suma alrededor de 900 fuentes de empleo entre sus plantas de Coahuila, cifra que las autoridades laborales buscan preservar mediante la búsqueda de un comprador o alternativas de reubicación para el personal afectado.
