El nuevo espacio gestionado por el Poder Judicial será instalado en la colonia República, en Saltillo, en un inmueble que anteriormente era utilizado por el DIF estatal.
El Poder Judicial de Coahuila anunció la habilitación de un nuevo Centro de Convivencia Familiar en Saltillo, un espacio que buscará fortalecer la relación entre madres, padres e hijos durante procesos de separación o conflictos familiares, priorizando en todo momento el bienestar de niñas, niños y adolescentes.
El proyecto se desarrolla en coordinación con el DIF Coahuila y forma parte de una estrategia enfocada en proteger los derechos de la infancia dentro de procedimientos legales relacionados con custodia, patria potestad y convivencia familiar.
El magistrado presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, informó que el nuevo espacio será instalado en la colonia República, en Saltillo, en un inmueble que anteriormente era utilizado por el DIF estatal.
De acuerdo con el funcionario, el objetivo es crear un entorno neutral, seguro y positivo donde los menores puedan convivir con ambos padres, aun cuando existan conflictos legales o familiares.
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El nuevo centro permitirá facilitar convivencias supervisadas entre padres e hijos en casos donde exista necesidad de acompañamiento institucional o seguimiento legal.
Las autoridades explicaron que estos espacios ayudan a reducir tensiones familiares y evitan que niñas, niños y adolescentes se vean afectados por disputas entre adultos.
Además, el modelo contempla apoyo del DIF Coahuila y de la Procuraduría de las Niñas y los Niños para garantizar condiciones seguras durante las convivencias.
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Con este proyecto, Saltillo contará con dos Centros de Convivencia Familiar operando bajo este esquema.
Mery Ayup adelantó que durante 2026 también se contempla habilitar otro inmueble cerca de la Auditoría Superior del Estado, ampliando así la capacidad de atención para familias que atraviesan procesos judiciales.
El magistrado presidente subrayó que la protección de niñas, niños y adolescentes representa una prioridad para el Poder Judicial.
“Son las personas que más tenemos que cuidar a través de protocolos y del respeto a sus derechos, como educación, salud y una vida digna”, expresó.
También hizo un llamado a madres y padres para evitar que los menores sean utilizados como herramienta dentro de conflictos legales derivados de separaciones.
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Miguel Mery Ayup también respaldó una iniciativa que busca agilizar la inscripción de personas incumplidas en el padrón estatal de deudores alimentarios.
La propuesta contempla que un juez familiar pueda ordenar el registro inmediato de quien incumpla con sus obligaciones, sin necesidad de iniciar nuevos procedimientos.
Actualmente, el padrón estatal de agresores y deudores alimentarios suma alrededor de mil 670 personas inscritas, de acuerdo con cifras del Poder Judicial.
Las autoridades insistieron en que garantizar el bienestar de la infancia implica no solo proteger la convivencia familiar, sino también asegurar derechos básicos como alimentación, estabilidad y desarrollo integral.
