Policías en Coahuila podrán usar armas de uso exclusivo del Ejército tras aval de Sedena.
Las autoridades de seguridad en Coahuila han recibido una autorización especial para que policías estatales utilicen armamento que normalmente está reservado al Ejército Mexicano.
Esta medida busca fortalecer las capacidades operativas de los cuerpos policiales ante el creciente desafío de la delincuencia organizada y la posesión ilegal de armas de alto calibre en el país.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) concedió este permiso luego de analizar la solicitud planteada por las autoridades del estado, en un marco que permite —bajo ciertos requisitos— que corporaciones policiales porten armas que la ley define como de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Entre los armamentos autorizados se encuentran ametralladoras de calibres 7.62 y 5.56, aunque la ley mantiene restricciones específicas, como la prohibición de uso de fusiles automáticos en operaciones policiales salvo situaciones especiales contempladas en la normativa.
Este permiso coloca a Coahuila entre los pocos estados que han recibido una autorización de este tipo, junto con Sinaloa, Tamaulipas y Chihuahua, consolidando una tendencia en algunas entidades que buscan equipar mejor a sus fuerzas de seguridad ante el poder de fuego del crimen organizado.
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La autorización oficial de la Sedena permite que las fuerzas policiales estatales utilicen armamento que tradicionalmente estaba reservado al Ejército, con condiciones específicas de uso:
El objetivo oficial es dotar a los cuerpos de seguridad de herramientas que les permitan enfrentar con mayor eficacia a grupos delictivos que ya operan con armas de alto poder. Sin embargo, el uso de estas armas solo se da bajo estricta regulación y con supervisión de la Defensa Nacional para evitar usos indebidos o riesgos para la población civil.
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La Ley Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos establece que, salvo en casos excepcionales, las armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea no pueden ser portadas ni utilizadas por civiles o policías, excepto si la administración pública lo solicita y se justifica ante la Sedena.
En los últimos días, también se han presentado iniciativas legislativas en otras entidades, como en Chiapas, para modificar la ley federal y facilitar la portación de armas militares por parte de policías estatales con capacitación y licencias individuales.
Esta discusión abre un debate nacional sobre cómo equilibrar las necesidades de seguridad pública sin comprometer garantías civiles ni fomentar la militarización de las corporaciones civiles.
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La medida se interpreta como un paso para reforzar la capacidad operativa de las policías estatales, particularmente en zonas donde los grupos criminales han adquirido armamento sofisticado de procedencia ilegal, incluida una parte considerable que proviene de cruces fronterizos con armas estadounidenses.
Los defensores del enfoque argumentan que tener poder de fuego comparable al de los delincuentes puede disuadir agresiones y mejorar la capacidad de respuesta, mientras que críticos y especialistas en derechos humanos advierten sobre los riesgos de dotar a policías civiles de armas militares sin controles estrictos adicionales.
