Durante el proceso judicial, el acusado admitió que recibía pagos por cada arma que lograba introducir ilegalmente a México.
Un hombre originario de Piedras Negras fue sentenciado a 15 años de prisión en Estados Unidos tras declararse culpable de participar en una red dedicada al tráfico ilegal de armas de fuego hacia México.
El caso se resolvió en la Corte Federal de Del Río, Texas, donde las autoridades determinaron que el acusado introdujo armamento de contrabando en diversas ocasiones a través de la frontera.
El condenado fue identificado como José de la Cruz Cardoza, de 52 años, residente de Piedras Negras, Coahuila. De acuerdo con documentos judiciales, el hombre fue detenido el 12 de julio de 2025 durante una inspección en el Puente Internacional Dos de Eagle Pass, cuando intentaba cruzar hacia México con armas ocultas en su vehículo.
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El caso inició cuando agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) realizaron una inspección de salida en el puerto fronterizo de Eagle Pass. Durante el procedimiento, el conductor declaró que no transportaba armas, municiones ni dinero en cantidades superiores a los 10 mil dólares.
Sin embargo, al revisar el vehículo, los oficiales localizaron ocho pistolas y 19 cargadores ocultos. Este hallazgo activó una investigación más amplia que posteriormente reveló la participación del detenido en una red de tráfico de armas.
Durante el proceso judicial, el acusado admitió que recibía pagos por cada arma que lograba introducir ilegalmente a México.
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Según las autoridades estadounidenses, José de la Cruz Cardoza confesó que recibía entre 150 y 200 dólares por cada arma de fuego que transportaba de contrabando hacia territorio mexicano.
También reconoció que había realizado este tipo de actividades en al menos 10 o 12 ocasiones previas. Las armas eran adquiridas en Estados Unidos y posteriormente trasladadas a México, donde presuntamente estaban destinadas a grupos delictivos.
Las autoridades señalaron que el tráfico de armamento hacia México representa una preocupación constante para la seguridad en la región fronteriza, ya que estas armas pueden ser utilizadas en actividades delictivas.
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Como parte de las diligencias, agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), en coordinación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Policía de San Antonio, realizaron un cateo en la vivienda de un presunto cómplice.
En el lugar fueron aseguradas 24 armas de fuego, incluyendo pistolas, rifles tipo AR-15 y una escopeta. Además, las autoridades decomisaron aproximadamente 400 cartuchos de munición y varios chalecos antibalas.
Las investigaciones indicaron que este armamento estaba destinado a un cártel mexicano, aunque no se precisó públicamente a qué organización criminal.
El caso no se limita a un solo implicado. Las autoridades estadounidenses confirmaron que otras personas también enfrentan procesos judiciales por su presunta participación en la misma red de tráfico.
Entre ellas se encuentran Reymundo Hernández Niño, Francisco Cardoza Jr., Edgar Josué Montelongo Loera y Kenia Lizbeth Montelongo, quienes han sido acusados de distintos cargos relacionados con conspiración para traficar armas de fuego.
