Ley de Aguas en México: productores de Coahuila rechazan iniciativa por riesgos al campo
El sector agrícola de Coahuila y diversas regiones del país manifestó un rechazo contundente a la propuesta federal para crear una nueva Ley General de Aguas y modificar la Ley de Aguas Nacionales.
Esto al considerar que la iniciativa concentraría el control del recurso hídrico en la Conagua, impediría la transmisión de concesiones y dejaría en incertidumbre jurídica a campesinos y productores.
Organizaciones como la CNC, asociaciones regionales y legisladores federales sostienen que la reforma fue presentada sin escuchar al campo y sin dimensionar el impacto económico y productivo que detonaría.
Afirman que, de aprobarse, se abriría la puerta a decisiones discrecionales, criminalización de actividades agrícolas y una caída en el valor de las tierras, que ya no podrían heredarse, venderse o protegerse como patrimonio familiar.
La propuesta coloca a la actividad agrícola en el tercer nivel de prioridad para el uso del agua, por debajo del consumo humano y doméstico, un escenario que, advierten, desmantelaría la autosuficiencia alimentaria y elevaría los costos de producción.
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El presidente de la Asociación de Fruticultores de Arteaga, Jaime Alejandro Garza Carrales, señaló que la iniciativa impactaría de manera directa a agricultores locales al elevar costos y colocarlos en desventaja frente a productos importados, como la manzana estadounidense.
Advirtió que la nueva legislación deja al sector “en último lugar” en el acceso al agua, abriendo espacios para la corrupción y decisiones unilaterales por parte de funcionarios ajenos a la vida agrícola.
Para Jesús de la Rosa Godoy, dirigente estatal de la CNC, la reforma elimina garantías básicas para agricultores y ganaderos, ya que la tierra perdería su valor al no poder transferir los derechos de agua.
Aseguró que los productores quedarían sujetos a decisiones centralizadas tomadas “a kilómetros de Coahuila”, lo que abriría un escenario de incertidumbre total.
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De la Rosa criticó que el proceso legislativo se haya manejado de forma unilateral. Además, advirtió que actividades antes catalogadas como simples trámites podrían convertirse en delitos que ameriten cárcel para los campesinos.
Pidió que la discusión se lleve a un parlamento abierto, donde participen sectores afectados y no solo legisladores afines al bloque oficialista.
Más de dos mil asistentes entre productores, autoridades, académicos y especialistas participaron en un foro organizado en Dolores Hidalgo, donde el mensaje fue unánime: rechazo total a la reforma.
El diputado Rubén Moreira cuestionó que la propuesta fuera “centralista y apresurada”, señalando que separa la tierra del derecho al agua y deja a las familias sin garantía sobre su propio patrimonio.
La legisladora y líder campesina Leticia Barrera calificó la iniciativa como “hecha al vapor”, recordando que mientras se retiran apoyos al campo, se busca concentrar el control del recurso hídrico.
Miguel Sulub Caamal, secretario técnico del GPPRI, detalló cuatro riesgos principales:
Especialistas coincidieron en que la propuesta incrementaría las responsabilidades sin otorgar presupuesto adicional, reduciría la disponibilidad de concesiones y perjudicaría la producción agropecuaria en todo el país.
Con información de medios locales de Coahuila e IA.
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