Golpes, pellizcos, humillaciones y castigos que pongan en riesgo la salud están prohibidos en escuelas de Coahuila; conoce cómo denunciarlos
Los castigos escolares tienen límites claros. Aunque docentes y directivos pueden establecer medidas de disciplina dentro de los planteles, estas no pueden vulnerar la dignidad, la integridad física o emocional ni poner en riesgo la salud de niñas, niños y adolescentes.
El tema volvió a tomar relevancia en Coahuila luego de que familiares de un alumno de 12 años denunciaran que el menor presuntamente fue castigado por no portar la corbata del uniforme y permaneció expuesto al sol en el patio de la primaria Benito Juárez, en Piedras Negras.
El estudiante habría permanecido bajo temperaturas cercanas a los 40 grados y posteriormente presentó síntomas relacionados con insolación y deshidratación. La familia solicitó la intervención de las autoridades educativas para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades.
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que las autoridades deben prevenir, atender y sancionar los casos de castigo corporal y humillante.
La norma considera castigo corporal cualquier acción en la que se emplee fuerza física para generar dolor o malestar, aunque sea leve. Dentro de estas conductas se encuentran:
También está prohibido el castigo humillante, entendido como un trato ofensivo, denigrante, ridiculizador, estigmatizante o destinado a provocar vergüenza, amenaza o menosprecio en el estudiante.
La legislación educativa establece además que la disciplina escolar debe aplicarse respetando la dignidad humana y protegiendo a los alumnos contra cualquier forma de maltrato, violencia, perjuicio, daño, agresión o abuso. La Ley General de Educación vigente también obliga al personal escolar a informar a las autoridades cuando tenga conocimiento de hechos que puedan constituir un delito contra estudiantes.
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Por ello, una medida disciplinaria puede convertirse en una vulneración de derechos cuando provoca daño físico, exposición innecesaria a riesgos, humillación pública o afectaciones psicológicas.
Un antecedente reciente ocurrió en Sabinas. En julio de 2026, padres del jardín de niños Gabilondo Soler denunciaron presuntos castigos aplicados por una docente, entre ellos mantener a menores de pie, inmóviles y mirando hacia una pared durante periodos prolongados. Los tutores solicitaron la intervención de la Secretaría de Educación para determinar si esas prácticas cumplían con los lineamientos oficiales.
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Las escuelas pueden establecer reglas internas relacionadas con uniforme, puntualidad, comportamiento y convivencia, pero una falta administrativa no autoriza medidas que pongan en riesgo la integridad del estudiante.
La Ley General de Educación establece que el trato entre educadores y alumnos debe respetar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Además, señala que los planteles deben protegerlos contra cualquier forma de maltrato o violencia.
Esto significa que, ante una falta relacionada con el uniforme, pueden existir llamadas de atención o mecanismos establecidos en el reglamento escolar, pero no serían justificables prácticas como dejar a un menor expuesto durante un periodo prolongado al calor extremo, golpearlo, humillarlo frente a sus compañeros o imponerle ejercicios físicos con intención de causarle sufrimiento.
El caso reportado esta semana en Piedras Negras mantiene precisamente esa discusión abierta: si la falta de una prenda del uniforme derivó en una medida capaz de comprometer la salud del alumno.
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Cuando madres, padres o tutores consideran que una medida disciplinaria cruzó la línea hacia el maltrato, existen distintas vías de denuncia en Coahuila.
Una de las primeras acciones puede ser presentar un reporte por escrito ante la dirección de la escuela y la supervisión de zona, incluyendo fecha, hora, descripción de los hechos y posibles testigos. Es recomendable conservar una copia sellada o solicitar un folio.
Sin embargo, no es necesario esperar una resolución interna de la escuela cuando existen lesiones, riesgo para el menor, amenazas o hechos que pudieran constituir un delito.
Entre las instancias a las que pueden acudir se encuentran:
De acuerdo con información recopilada en el Registro Estatal de Trámites y Servicios, los reportes ante Pronnif pueden ser realizados no solamente por los padres, sino también por familiares, docentes, vecinos, estudiantes o cualquier persona que tenga conocimiento de una posible vulneración de derechos.
Para facilitar la investigación es conveniente conservar fotografías de lesiones, valoraciones médicas, mensajes, comunicados escolares, nombres de testigos y una narración cronológica de los hechos.
La falta de fotografías o videos no impide presentar una denuncia. Cuando el estudiante relata una agresión, las autoridades pueden iniciar una investigación a partir del testimonio y posteriormente reunir más elementos.
