El Gobierno aseguró que también ha habido diálogo con la industria para que voluntariamente devuelvan concesiones sin actividad.
Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobierno de México informó que ha recuperado más de mil concesiones mineras que no cumplían con la ley o que eran utilizadas con fines especulativos. La medida impacta directamente a estados con tradición minera como Coahuila.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que esta revisión responde a una instrucción presidencial para ordenar el uso de bienes nacionales y evitar que grandes extensiones permanezcan inactivas o sin cumplir obligaciones fiscales.
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Coahuila encabeza la lista de entidades con mayor número de concesiones canceladas. De acuerdo con datos presentados por José Fernando Aboitiz, titular de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas, en la entidad se han recuperado 149 concesiones, lo que representa el 14% de las hectáreas recuperadas a nivel nacional.
En conjunto, el Gobierno federal ha cancelado 1,126 concesiones que abarcan más de 809 mil hectáreas, aunque otras cifras presentadas durante la conferencia mencionan más de 889 mil hectáreas recuperadas. La dimensión territorial es comparable con la extensión del estado de Querétaro, lo que da una idea del alcance de la medida.
Estados como Chihuahua, Sonora, Zacatecas, Durango y Jalisco también figuran entre los más afectados por esta política de revisión.
Foto: X @Claudiashein
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Las principales razones son el incumplimiento en el pago de derechos y la falta de trabajos de exploración comprobables. La ley establece que un retraso de dos años en el pago es motivo suficiente para cancelar una concesión.
Además, muchas concesiones no presentaron informes técnicos, estadísticos o de obras que acreditaran actividad minera real. Según explicó Aboitiz, esto significa que los terrenos estaban sin uso y se utilizaban únicamente con fines especulativos.
El funcionario detalló que cerca del 90% de las cancelaciones corresponden a personas físicas y no a grandes corporativos. Se trata, en muchos casos, de concesiones colindantes a minas activas cuyos propietarios esperaban que la operación creciera para venderlas posteriormente.
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Uno de los puntos que más destacó el Gobierno fue la recuperación de alrededor de 20 mil hectáreas, y en otro balance hasta 249 mil hectáreas, ubicadas en Áreas Naturales Protegidas.
“El cuidado de las Áreas Naturales Protegidas es una política central”, subrayó Aboitiz. La intención es que no existan concesiones mineras en estos espacios y corregir situaciones heredadas de administraciones anteriores.
El Gobierno aseguró que también ha habido diálogo con la industria para que, mediante acuerdos voluntarios, algunas empresas devuelvan concesiones sin actividad.
Empresas como Minera Autlán y Peñoles fueron mencionadas como ejemplos de colaboración en la reducción de prácticas especulativas.
