Reos catalogados con alta peligrosidad son trasladados a Coahuila desde Michoacán, cuerpos de seguridad refuerzan control penitenciario federal.
Como parte de una estrategia federal para mantener la estabilidad en los centros penitenciarios del país, autoridades de seguridad realizaron el traslado de internos considerados de alta peligrosidad desde cárceles estatales de Michoacán hacia distintos penales federales, entre ellos uno ubicado en Coahuila.
El movimiento, coordinado por el Gabinete de Seguridad, tuvo como objetivo desarticular liderazgos negativos que ponían en riesgo la gobernabilidad interna de los centros estatales, así como prevenir posibles reagrupamientos criminales, disturbios o motines.
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Las personas privadas de la libertad presentaban perfiles considerados de riesgo, al estar relacionadas con incitación a desórdenes, vínculos delictivos activos, influencia sobre otros internos y capacidad económica para corromper personal penitenciario.
De acuerdo con autoridades federales, mantenerlos en cárceles estatales elevaba el riesgo de presión colectiva y pérdida de control institucional.
Por ello, se determinó su reubicación en centros federales de máxima seguridad, donde se cuenta con mayores protocolos de vigilancia y control.
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Del total de 25 internos trasladados vía aérea, cinco fueron internados en el Centro Federal de Readaptación Social número 18, ubicado en Coahuila.
El resto fue distribuido en centros federales de Durango, Nayarit y Veracruz, como parte de una redistribución estratégica para evitar concentraciones de poder criminal.
Las autoridades precisaron que ninguno de los internos trasladados enfrenta procesos de extradición ni solicitudes activas por parte del gobierno de Estados Unidos.
El operativo contó con un despliegue de 225 elementos federales, entre personal de seguridad penitenciaria y Guardia Nacional.
Cada traslado fue planeado bajo protocolos estrictos que incluyeron uso de aeronaves, vehículos especializados, sujeciones físicas reguladas y supervisión constante del estado de los internos.
Además, se aplicaron medidas de coordinación interinstitucional, selección de rutas seguras y verificación médica previa, con el fin de prevenir fugas, agresiones o incidentes durante el trayecto, respetando en todo momento los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
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