Torreón renueva su concesión de basura por 25 años; el contrato podría extenderse hasta 50 y comprometer a futuras administraciones.
De acuerdo con documentos de la “Investigación sobre la concesión a 25 años del servicio de limpieza pública en el municipio de Torreón, Coahuila”, a los que POSTA Coahuila tuvo acceso, el Cabildo de Torreón aprobó el Apéndice 6 de las bases de licitación para el manejo integral de los residuos sólidos, con un plazo inicial de 25 años para la prestación del servicio.
El esquema aprobado contempla además la posibilidad de una prórroga por otros 25 años, por lo que la concesión podría alcanzar hasta 50 años bajo un mismo esquema de prestación del servicio.
El Cabildo de Torreón aprobó el Apéndice 6 de las bases de licitación para el manejo integral de los residuos sólidos / Foto: Leslie Delgado
El alcance del proyecto incluye la concesión integral de barrido, recolección, traslado, tratamiento, disposición final y la construcción y operación del relleno sanitario municipal y demás infraestructura.
La duración del contrato y las condiciones establecidas en las bases generan cuestionamientos sobre el impacto que podría tener en las finanzas municipales y en el margen de decisión de futuras administraciones.
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Uno de los puntos centrales identificados en los documentos analizados es la posibilidad de extender la concesión por otros 25 años una vez concluido el periodo inicial.
Además, se contempla una figura de afirmativa ficta. De acuerdo con la documentación revisada, si una administración municipal futura no responde dentro del plazo establecido a una solicitud de prórroga, esta podría considerarse aprobada automáticamente.
El servicio de recolección y manejo de residuos podría permanecer bajo el mismo esquema concesionado / Foto: Leslie Delgado
De activarse este mecanismo, el servicio de recolección y manejo de residuos podría permanecer bajo el mismo esquema concesionado durante cinco décadas, sujeto a las condiciones previstas en el contrato y en las bases de licitación.
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Las bases de licitación también contemplan mecanismos relacionados con la actualización de las contraprestaciones.
De acuerdo con los documentos revisados, la empresa concesionaria tendría la posibilidad de actualizar sus tarifas conforme a la inflación, además de solicitar reequilibrios financieros ante determinadas variaciones en sus costos.
Para los críticos del esquema, estas disposiciones podrían representar una presión adicional sobre las finanzas municipales al tratarse de un contrato con una vigencia inicial de 25 años y una eventual extensión de otros 25.
Durante la sesión de Cabildo en la que se aprobó el Apéndice 6, la oposición, incluida la representación de Morena, no presentó objeciones y votó a favor de la propuesta.
El respaldo cobra relevancia debido a que las condiciones aprobadas podrían comprometer decisiones de gobiernos municipales posteriores durante un periodo que, en determinadas circunstancias, podría llegar hasta los 50 años.
La concesión podría alcanzar hasta 50 años bajo un mismo esquema / Foto: Leslie Delgado
La investigación identifica tres aspectos principales de preocupación: la duración del contrato, los compromisos financieros y la capacidad de futuras administraciones para modificar o rescindir la concesión.
Entre los riesgos señalados se encuentra una posible reducción del margen de maniobra presupuesta del Ayuntamiento, particularmente por los mecanismos establecidos para garantizar el pago del servicio.
También se plantea la posibilidad de que las condiciones contractuales dificulten un cambio de operador si en el futuro se presentan deficiencias en la prestación del servicio, dependiendo de las cláusulas de rescisión y las obligaciones establecidas para ambas partes.
Otro de los escenarios señalados es que una concesión de largo plazo pueda limitar la posibilidad de que futuras administraciones opten por desarrollar un modelo de gestión pública o incorporar nuevos operadores al servicio de recolección y manejo de residuos.
La dimensión de estos riesgos deberá determinarse a partir del análisis integral del contrato, las cláusulas de rescisión, las garantías, los mecanismos de supervisión, las obligaciones financieras y el marco jurídico aplicable.
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