Muere interno del Cefereso 18 Ramos Arizpe, señalan presunta violaciones a derechos humanos y negligencia médica.
Un nuevo caso ha encendido alertas sobre las condiciones al interior del Cefereso 18, luego de que un interno perdiera la vida en el Hospital General de Saltillo en condiciones que han generado cuestionamientos sobre presuntas violaciones a derechos humanos.
La persona fallecida, identificada como Alejandro “N”, había sido trasladada desde el penal federal ubicado en Ramos Arizpe debido a un estado de salud crítico. De acuerdo con testimonios cercanos al caso, su deterioro físico era extremo, al grado de registrar un peso cercano a los 28 kilogramos al momento de su muerte.
El caso ha despertado inquietud no solo por las condiciones en que se encontraba el interno, sino también por las acusaciones de tortura y posibles omisiones médicas durante su estancia en el centro penitenciario.
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Versiones de allegados indican que Alejandro “N” habría sufrido daños severos en distintos órganos internos, presuntamente derivados de actos de tortura durante su detención inicial. Estas lesiones, sumadas a un deterioro progresivo de su salud, habrían contribuido directamente a su fallecimiento.
El interno, quien anteriormente formó parte de la Secretaría de Marina, permanecía recluido desde hacía varios años tras ser acusado de delitos relacionados con delincuencia organizada. Sin embargo, familiares sostienen que su estado de salud no fue atendido de manera oportuna dentro del penal.
Ante la gravedad del caso, se promovieron recursos legales para exigir atención médica adecuada, al considerar que existieron fallas en el seguimiento clínico y en la atención de sus padecimientos.
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El fallecimiento no es un hecho aislado, según denuncias de familiares y organizaciones. Se ha señalado que dentro del Cefereso 18 existen deficiencias en los servicios médicos, lo que ha derivado en múltiples quejas ante instancias de derechos humanos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha documentado decenas de inconformidades relacionadas con este centro penitenciario, muchas de ellas vinculadas a la falta de medicamentos, diagnósticos tardíos y atención insuficiente para los internos.
Incluso, se han reportado casos donde personas privadas de la libertad han tenido que ser trasladadas a hospitales externos en condiciones delicadas, evidenciando posibles fallas estructurales en el sistema de salud penitenciario.
La muerte de este interno vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre las condiciones de reclusión y el respeto a los derechos humanos dentro de los centros federales.
Más allá del proceso legal que enfrentan las personas privadas de la libertad, las autoridades están obligadas a garantizar su integridad física y acceso a servicios básicos, incluida la atención médica.
Este caso podría derivar en nuevas investigaciones y en la revisión de protocolos dentro del sistema penitenciario federal, especialmente en lo relacionado con la atención a personas con enfermedades graves o en estado crítico.
Asimismo, organizaciones civiles y familiares han insistido en la necesidad de transparentar las condiciones internas y fortalecer los mecanismos de supervisión para evitar que situaciones similares se repitan.
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