Señalan presuntas irregularidades en pagos sin evidencia por más de 30 mdp a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro en Saltillo.
La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) se encuentra en el centro de la polémica tras un informe reciente de la Auditoría Superior de la Federación que detectó presuntas anomalías en el manejo de recursos públicos durante el ejercicio fiscal 2024.
Entre los hallazgos más relevantes destaca el pago de más de 11 millones de pesos por servicios de transporte estudiantil sin documentación que respalde su ejecución.
El reporte de auditoría señala que estos recursos fueron entregados a proveedores externos sin que existan registros que comprueben que los traslados realmente se llevaron a cabo. Esta situación ha generado cuestionamientos sobre los mecanismos de control interno de la institución, así como sobre la transparencia en el uso del presupuesto.
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El análisis realizado por la Auditoría Superior de la Federación revela inconsistencias importantes en la comprobación del gasto.
En particular, se identificaron pagos por 6 millones de pesos a un proveedor y 5.4 millones a otro, ambos por concepto de transporte estudiantil, sin evidencia documental como listas de pasajeros, bitácoras de viaje o reportes operativos que acrediten el servicio.
Esta falta de comprobación no solo pone en duda la correcta aplicación de los recursos, sino que también refleja debilidades en los procesos administrativos de la universidad.
La ausencia de documentos básicos en este tipo de servicios resulta especialmente delicada, considerando que se trata de recursos públicos destinados a beneficiar directamente a estudiantes.
Además, la auditoría forma parte de una revisión más amplia donde se advierten prácticas que podrían contravenir la normatividad vigente en materia de gasto público.
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La auditoría también identificó un patrón más amplio de irregularidades dentro de la institución. Entre ellas, destacan pagos que superan los 300 millones de pesos realizados sin contratos formales, lo que implica una falta grave en los procedimientos de contratación.
Asimismo, se reportó el pago de más de 7 millones de pesos por el arrendamiento de vehículos a una empresa privada, sin que exista evidencia clara de que dichas unidades hayan sido entregadas o utilizadas por la universidad. Este tipo de inconsistencias refuerza la preocupación sobre la gestión administrativa y financiera de la institución.
En conjunto, estos hallazgos derivaron en un monto aproximado de 30 millones de pesos que deberán ser aclarados por la universidad ante las autoridades correspondientes.
Tras la publicación del informe, la Auditoría Superior de la Federación ha solicitado que se inicien los procesos necesarios para esclarecer el destino de los recursos observados. Esto incluye la posibilidad de abrir investigaciones administrativas contra funcionarios que autorizaron los pagos sin sustento documental.
Dependiendo de los resultados, podrían imponerse sanciones que van desde responsabilidades administrativas hasta posibles implicaciones legales. Además, la universidad deberá presentar la documentación faltante o reintegrar los recursos en caso de no poder justificar su uso.
Este caso también pone sobre la mesa la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización interna en instituciones educativas públicas, donde la transparencia es clave para garantizar que los recursos cumplan con su propósito social.
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