Diputada propone hasta 4 años de prisión por agresiones en escuelas y protección para víctimas de Coahuila.
La violencia dentro de la comunidad educativa podría contar con una regulación penal específica en Coahuila, luego de que la diputada Magaly Hernández presentara ante el Congreso del Estado una iniciativa para incorporar este tipo de conductas al Código Penal de Coahuila de Zaragoza.
El proyecto busca establecer una definición legal de la violencia en el entorno escolar y determinar sanciones para quienes agredan a estudiantes, docentes, madres y padres de familia, personal directivo, administrativo o cualquier otra persona que forme parte de una institución educativa.
La propuesta parte de la preocupación por los distintos casos de acoso, amenazas, agresiones físicas, hostigamiento y violencia digital que, de acuerdo con los datos incluidos en la exposición de motivos, se han registrado en planteles de la entidad.
La iniciativa contempla como delito aquellas acciones que se realicen dentro o fuera de las escuelas cuando exista una relación con la comunidad educativa y se afecte la integridad física, psicológica o emocional de otra persona, o incluso se ponga en riesgo su vida.
Entre las conductas consideradas se encuentran las agresiones físicas o sexuales, intimidación, acoso, hostigamiento, insultos y violencia cometida mediante herramientas digitales. La intención es que la protección no se limite exclusivamente a los estudiantes, sino que alcance también a profesores, familiares, tutores y trabajadores de los centros educativos.
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El proyecto plantea una pena de seis meses a cuatro años de prisión, además de multas de entre 50 y 200 días. También contempla que un juez pueda determinar la aplicación de tratamiento psicológico especializado para la persona responsable.
Las penas podrían incrementarse hasta en 50 por ciento cuando existan determinadas circunstancias, como que la víctima sea menor de edad, persona con discapacidad, adulta mayor o mujer embarazada. También se consideran agravantes el aprovechamiento de una posición de autoridad o superioridad, la participación de varias personas, el uso de terceros para cometer la agresión y la utilización de tecnologías de información y comunicación.
El planteamiento incluye además disposiciones para adolescentes señalados como responsables, privilegiando mecanismos de orientación, prevención, protección y justicia restaurativa, mientras que los casos graves quedarían sujetos a la legislación nacional correspondiente.
La iniciativa propone ampliar las garantías para quienes sean víctimas, incluyendo acceso a atención médica y psicológica, canalización a instituciones especializadas y reparación integral del daño. Asimismo, se contempla que el Ministerio Público pueda solicitar órdenes de protección para reducir riesgos posteriores a una agresión.
En el caso de niñas, niños, adolescentes y mujeres, el proyecto plantea medidas reforzadas para proteger su integridad, seguridad, libertad, bienestar y dignidad.
La propuesta también incorpora sanciones para quienes presenten deliberadamente denuncias falsas ante el Ministerio Público o difundan públicamente acusaciones que sepan que no son ciertas con la intención de responsabilizar a otra persona por violencia escolar.
De acuerdo con los datos citados por la legisladora, durante el año pasado se registraron 45 casos de acoso escolar, mientras que en algunos municipios se llegaron a reportar hasta tres incidentes de bullying por semana. También se documentaron más de 26 expedientes relacionados con posibles actos de violencia sexual contra estudiantes dentro de escuelas.
La exposición de motivos señala además que cuatro de cada 10 docentes en Coahuila han enfrentado algún tipo de violencia dentro o fuera del entorno escolar. A esto se suman reportes de agresiones dirigidas contra madres, padres de familia y personal directivo.
La iniciativa fue enviada a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia del Congreso de Coahuila, donde será analizada antes de continuar con su proceso legislativo.
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